El Consejo Seccional de Estupefacientes del Atlántico aprobó el nuevo Plan Territorial de Drogas 2025–2027, una hoja de ruta interinstitucional que busca hacer frente al consumo y tráfico de sustancias psicoactivas en el departamento. Esta estrategia tiene como eje central la protección de niños, niñas y jóvenes, y se implementará con una mirada integral, preventiva y restaurativa.

La propuesta, liderada por la Secretaría de Salud departamental, se construyó con base en los lineamientos del Ministerio de Justicia, articulando los componentes “Oxígeno”, enfocado en la prevención del consumo, y “Asfixia”, dirigido al control del tráfico y la judicialización. En el proceso participaron representantes de más de 30 entidades del orden local, departamental y nacional, como la Policía Nacional, Fiscalía, ICBF, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, Sena, Ejército, Fuerza Aérea, alcaldías municipales, universidades y diversas secretarías del departamento.

Durante la presentación del plan, la Policía del Atlántico reportó importantes avances operativos: 36 allanamientos y 34 capturas en lo que va del año, lo que ha permitido reducir en un 60 % el volumen de sustancias incautadas respecto a 2024. En total, se han realizado 155 detenciones relacionadas con delitos de estupefacientes.

Desde el enfoque preventivo, la Secretaría de Salud del Atlántico anunció una serie de compromisos dirigidos a la detección temprana del consumo, atención integral y fortalecimiento de habilidades para la vida. Destaca la implementación de tamizajes en población escolar, campañas educativas, talleres para docentes y activación de rutas para adolescentes en conflicto con la ley.

“El 80 % de este plan está dirigido a la población escolarizada. Hay un trabajo fuerte desde la prevención, pero también desde la restricción de sustancias con las entidades competentes. Hay una clara articulación institucional para avanzar en la protección de nuestros jóvenes”, indicó Luis Carlos Fajardo, secretario de Salud del Atlántico.

El plan también contempla el fortalecimiento del Programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (Poaf) y la línea departamental de salud mental (317 621 8394). Además, las EPS y hospitales públicos se articularán para brindar atención integral a personas con trastornos por consumo, bajo el marco de la Ley 1566.

En Barranquilla, la Secretaría de Salud concentrará esfuerzos en las instituciones educativas mediante talleres sobre regulación emocional, prevención del suicidio y abuso sexual. Paralelamente, se formulará un plan distrital contra el alcoholismo y la drogadicción, con enfoque en los entornos escolar, laboral y comunitario.

La estrategia también será respaldada por la Oficina de Seguridad y Convivencia Distrital, que fortalecerá la justicia juvenil restaurativa y las acciones de manejo de conflictividad en jóvenes. La Secretaría de Educación Distrital implementará talleres pedagógicos en más de 150 instituciones educativas priorizadas, abordando temas como embarazo adolescente, prevención del consumo de SPA y desarrollo de habilidades comunicativas.

Por su parte, el ICBF continuará con los programas Atrapasueños y Somos Familia, además de acciones de abastecimiento alimentario en zonas rurales. La Fiscalía impulsará el programa Futuro Colombia para prevenir el delito entre jóvenes.

La Policía Nacional reforzará las campañas “Five”, “Abre tus ojos”, “Jóvenes a lo bien” y “Cívica Infantil y Juvenil” en instituciones educativas, mientras que la Secretaría del Interior liderará campañas educativas en familia y comunidad, con enfoque en el fortalecimiento del tejido social.

El compromiso también involucra a la CRA, que trabajará con jóvenes en emprendimientos verdes, y al sector educativo, que implementará alertas tempranas y zonas de orientación en universidades.

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo serán garantes del cumplimiento del plan, haciendo seguimiento a cada acción desde el enfoque de derechos humanos.

Con la aprobación del Plan Territorial de Drogas 2025–2027, el departamento del Atlántico reafirma su apuesta por una respuesta coordinada, efectiva y sostenida frente al fenómeno de las drogas, priorizando el bienestar integral de su población más joven y vulnerable.