En una decisión sin precedentes para la historia judicial del país, la jueza Sandra Heredia declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de soborno en actuación penal, tras un extenso juicio que ha captado la atención de la opinión pública nacional e internacional. El proceso, que se originó en 2012 a partir de una denuncia del senador Iván Cepeda, culminó con la lectura del veredicto desde las 8:30 a. m. de este lunes, transmitido desde el despacho judicial en Bogotá.

Durante la audiencia, Uribe, de 73 años, siguió la sesión de forma virtual desde su finca en Rionegro, Antioquia, mientras Cepeda estuvo presente junto a su equipo de abogados. La jueza Heredia subrayó en su discurso inicial que su decisión responde a los hechos y no a un nombre, reivindicando la independencia de la justicia frente a presiones políticas o mediáticas.

Uno de los puntos clave del fallo fue la validación de interceptaciones telefónicas autorizadas por la Corte Suprema y grabaciones obtenidas por un reloj espía, pruebas que la defensa del exmandatario había intentado excluir por supuesta ilegalidad. Heredia concluyó que dichas pruebas fueron obtenidas conforme a derecho y eran relevantes para esclarecer los hechos.

El caso tiene como origen la supuesta manipulación de testigos por parte de Uribe y su exabogado Diego Cadena, con el fin de desvirtuar testimonios que lo vinculaban con grupos paramilitares. Entre los testigos clave figuran el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes habrían sido presionados para retractarse mediante cartas y pagos encubiertos.

A lo largo del juicio, que contó con 67 días de audiencias y más de 100 testigos entre defensa y Fiscalía, la Procuraduría solicitó la absolución del expresidente, mientras que la Fiscalía pidió una condena con base en pruebas materiales de soborno y fraude procesal. La defensa de Uribe, liderada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, negó que el exmandatario tuviera conocimiento directo de las acciones de Cadena y alegó que el proceso fue contaminado por presiones mediáticas y estrategias judiciales politizadas.

Pese a sus argumentos, la jueza encontró suficientes elementos para determinar la culpabilidad de Uribe por soborno en actuación penal, uno de los tres cargos que enfrentaba, abriendo paso a una segunda fase del proceso en la que se determinará la pena. De ser condenado, Uribe podría enfrentar entre 6 y 12 años de prisión. Sin embargo, dadas su edad y trayectoria, podría solicitar detención domiciliaria si la pena no supera los 8 años.

Este fallo convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado en un proceso penal ordinario, lo que marca un hito en la historia política del país. La decisión genera reacciones divididas: mientras sectores progresistas celebran el fallo como una reivindicación del Estado de Derecho, sus seguidores consideran que el proceso ha sido una persecución judicial y política.

Ahora el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, donde tanto la defensa como la Fiscalía y las víctimas podrían apelar. Si no se logra una sentencia definitiva antes de octubre de 2025, el proceso podría prescribir.

Con esta sentencia, se abre una nueva etapa de incertidumbre y polarización política en Colombia, mientras se espera que la jueza Heredia anuncie la lectura de la condena definitiva en las próximas semanas.