La Alcaldía de Bogotá anunció que suspenderá las transferencias del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para los integrantes de la comunidad indígena Emberá que retornen o se asienten nuevamente en las Unidades de Protección Integral La Rioja y La Florida. La medida busca asegurar que los subsidios lleguen únicamente a los hogares que hacen parte de los procesos oficiales de retorno, reubicación e integración local.

Durante esta semana se llevaron a cabo tres jornadas de retorno voluntario de la comunidad Emberá que permanecía en La Rioja, La Florida y en los alrededores del Parque Nacional. En total, más de 1.400 indígenas regresaron a sus territorios de origen en Risaralda y Chocó, en un proceso acompañado por siete entidades distritales y la Unidad para las Víctimas.

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, explicó que a través de la plataforma de Ingreso Mínimo Garantizado se transfirieron recursos a un máximo de 780 hogares, con un monto total de 1.800 millones de pesos. “Así como el Distrito ha actuado con transparencia y ha cumplido sus compromisos conforme a las reglas establecidas, esperamos lo mismo de la comunidad Emberá en la recepción de las transferencias monetarias”, señaló el funcionario.

Sin embargo, el Distrito advirtió que estos apoyos están diseñados exclusivamente para quienes hacen parte del proceso de retorno, reubicación e integración local. Por tanto, las transferencias serán suspendidas para cualquier persona que se ubique nuevamente en lugares especiales de alojamiento del Distrito, como La Florida o La Rioja, sin importar si es población en retorno, en integración local o residente habitual.

“Cualquier titular de la comunidad Emberá que se traslade a vivir a un lugar especial de alojamiento del Distrito quedará suspendido automáticamente de las transferencias de IMG, sin importar su condición o si está listado en el SISBÉN”, precisó Angulo.

La Alcaldía reiteró que la decisión busca proteger los recursos públicos destinados a la población más pobre y vulnerable y garantizar que el proceso de retorno e integración se cumpla de manera ordenada. Las autoridades recopilarán y validarán la información de cada hogar para identificar quiénes son beneficiarios legítimos y asegurar que los subsidios lleguen a quienes cumplen con las condiciones establecidas.