La tensión entre la Administración Distrital y el Gobierno Nacional sigue en aumento tras la propuesta de una resolución que establece lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá. Carlos Fernando Galán, alcalde de la capital, no dudó en manifestar su inconformidad y calificó la medida como un obstáculo para el desarrollo de la ciudad.

En una reciente rueda de prensa, Galán fue tajante al afirmar: «Ni hacen, ni dejan hacer», haciendo referencia a las trabas que, según él, el Gobierno de Gustavo Petro ha puesto en distintos proyectos de infraestructura claves para Bogotá y la región.

Proyectos en riesgo

Entre las iniciativas que podrían verse afectadas están la Vía Suba-Cota, la ampliación de la Autopista Norte, la prolongación de la Avenida Boyacá, la ampliación de la Carrera Séptima, el Ferrocarril de la Sabana, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), el Cable Aéreo a La Calera, el Regiotram del Occidente y del Norte, Lagos de Torca, el Aeropuerto de Guaymaral y el proyecto Chingaza II. Todos estos, según Galán, podrían sufrir retrasos o cancelaciones debido a la normativa propuesta.

Duras críticas a la legalidad de la medida

El alcalde sostuvo que la resolución representa una «violación a la ley» y a la «jurisprudencia de la Corte Constitucional», asegurando que fue construida de manera irregular.

«Lo que presentan como una consulta para que la ciudadanía participe no es más que un intento de eludir el cumplimiento legal necesario en la expedición de actos administrativos», declaró Galán.

También acusó al Ejecutivo de incumplir el Acuerdo de Escazú, el cual exige procesos participativos y transparentes en decisiones ambientales. «Esto demuestra la falta de claridad con la que se construyó este proyecto. No se está cumpliendo con la debida publicidad y consulta», agregó.

El POT de Bogotá en la mira

Galán refutó las declaraciones de la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, al afirmar que sí se está interfiriendo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. «El Presidente y la ministra han sido claros en que estos lineamientos deben ser obligatoriamente incorporados en el POT, lo que confirma la intervención en la planificación de la ciudad», concluyó.

La controversia sigue abierta y se espera que el debate entre el Distrito y el Gobierno Nacional continúe escalando en los próximos días.