El debate sobre el aumento en los gastos de administración de edificios volvió al centro de la discusión pública tras las advertencias del gremio de la seguridad privada sobre el impacto que tendrán los cambios laborales y las tarifas reguladas en el valor del servicio de vigilancia. Desde FedeSeguridad, su presidenta Raquel Garavito explicó que el incremento en estos costos no responde a decisiones arbitrarias de las empresas, sino a obligaciones legales que deben cumplirse de manera estricta.

Garavito recordó que las tarifas del servicio de vigilancia privada no se fijan libremente en el mercado, ya que existe un valor mínimo establecido por el Estado que todas las compañías deben respetar. Ofrecer precios por debajo de ese piso, advirtió, no solo expone a las empresas a sanciones, sino también a los usuarios que contratan servicios fuera del marco legal. En ese sentido, señaló que cualquier mensaje que sugiera ajustar tarifas únicamente por inflación o por oferta y demanda puede incentivar prácticas irregulares dentro del sector.

De acuerdo con la dirigente gremial, cerca del 85 por ciento del costo de la vigilancia corresponde al componente humano, lo que limita la posibilidad de reducir tarifas sin afectar derechos laborales. Por ello, cuando aparecen ofertas significativamente más bajas, suele tratarse —según explicó— de empresas que incumplen normas salariales, evaden aportes parafiscales, reducen la supervisión del personal o carecen de seguros y capacitación adecuados. La vigilancia de estos aspectos recae en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, encargada de imponer sanciones cuando se detectan irregularidades.

En cuanto a los valores concretos, Garavito detalló que un puesto de vigilancia armado con cobertura de 24 horas, que requiere tres turnos diarios, pasó de costar alrededor de 15 millones de pesos mensuales el año pasado a cerca de 18,8 millones en la actualidad. Este aumento, explicó, no obedece únicamente al alza del salario mínimo, sino a los ajustes introducidos por la reforma laboral, como la reducción de la jornada semanal, la ampliación del horario nocturno y el mayor reconocimiento de recargos dominicales y festivos, que alcanzarán nuevos porcentajes en los próximos meses.

La presidenta de FedeSeguridad señaló que, al sumar todos estos factores, el incremento real para el sector no se limita a un porcentaje moderado, sino que puede acercarse al 30 por ciento. A esto se añaden costos obligatorios como los seguros asociados al porte de armas, que representan una carga significativa dentro de la estructura tarifaria.

Finalmente, Garavito se refirió a la tendencia de algunos conjuntos residenciales y edificios comerciales a reemplazar vigilantes por sistemas tecnológicos o esquemas de conserjería. Aunque reconoció que la tecnología puede complementar la seguridad, advirtió que una migración acelerada podría provocar la pérdida de miles de empleos formales y fomentar la informalidad. En su concepto, el país aún no cuenta con la infraestructura ni las capacidades suficientes para sustituir de manera total el modelo humano por soluciones tecnológicas sin generar impactos sociales y laborales relevantes.