La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designó a Tania Peñaranda como agente interventora encargada de la empresa Air-e, en una medida transitoria adoptada en medio de la compleja situación financiera que atraviesa el prestador del servicio de energía en la región Caribe.

El nombramiento fue confirmado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien explicó que la designación busca garantizar la continuidad operativa de la compañía mientras se define quién asumirá en propiedad el cargo de interventor, que sería el quinto desde que la empresa fue intervenida.

Según el ministro, el encargo tiene como objetivo fortalecer la gestión interna de Air-e y avanzar en la estabilización del servicio, manteniendo la articulación entre el Gobierno nacional y la empresa para responder a las necesidades de los usuarios. Palma señaló que espera reunirse con la nueva agente encargada en los próximos días para coordinar acciones que permitan sostener la prestación del servicio público de energía en la región.

Tania Peñaranda, quien actualmente hace parte del equipo administrativo de Air-e, asumirá el encargo por un periodo inicial de 20 días. Su llegada se produce en un contexto marcado por serias dificultades financieras, con deudas que superan los 2,5 billones de pesos y una situación de incertidumbre en las fuentes de financiación, especialmente tras la suspensión del decreto de emergencia económica que buscaba aliviar la crisis del sector.

A este panorama se suma la preocupación expresada por el sindicato Sintraelecol, que se declaró en Asamblea Permanente y ha advertido sobre posibles prácticas de corte político en los nombramientos realizados dentro de la empresa. La organización sindical ha insistido en que las decisiones administrativas deben responder a criterios técnicos y operativos que permitan superar la crisis y garantizar un servicio eficiente a los usuarios.

La designación de Peñaranda se da en un momento clave para Air-e, cuando el Gobierno y las autoridades de control buscan definir un rumbo claro para la empresa intervenida, en medio de presiones financieras, laborales y sociales que mantienen en vilo la prestación del servicio de energía en amplias zonas del Caribe colombiano.