El Consejo de Estado decretó este viernes 25 de septiembre de 2026 la pérdida de investidura del exsenador Iván Leonidas Name Vásquez, al considerar acreditada la causal de tráfico de influencias relacionada con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La decisión fue adoptada en primera instancia por la Sala Especial de Decisión 24 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera. Por tratarse de un fallo de primera instancia, Name todavía puede presentar un recurso de apelación ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
El dinero que aparece en el expediente
Uno de los puntos centrales de la decisión está relacionado con 3.000 millones de pesos que, según las pruebas valoradas por el Consejo de Estado, fueron entregados al entonces presidente del Senado.
El expediente recoge los testimonios de Sneyder Pinilla, Olmedo López y Sandra Ortiz, además de chats, información sobre desplazamientos de teléfonos celulares, documentos y otros elementos que también habían sido incorporados a las investigaciones por el escándalo de la UNGRD.
De acuerdo con la sentencia, el dinero tenía como origen recursos públicos relacionados con la UNGRD y habría sido destinado a influir en el trámite de las reformas que adelantaba el Gobierno en el Congreso.
La Sala concluyó que las pruebas, analizadas en conjunto, permitían establecer que la entrega del dinero efectivamente ocurrió y que Name utilizó su posición como presidente del Senado para favorecer el trámite de la reforma pensional a cambio de un beneficio económico.
El papel de Name durante la reforma pensional
El Consejo de Estado también examinó la manera como Name ejerció la Presidencia del Senado durante las sesiones en las que se discutió la reforma pensional.
Según la sentencia, el entonces presidente del Senado cedió en varias oportunidades la conducción de las plenarias a la entonces senadora María José Pizarro, incluso en jornadas en las que permanecía dentro del recinto.
La corporación consideró que la Presidencia del Senado no es una función únicamente protocolaria y que quien ocupa ese cargo tiene responsabilidades concretas en la conducción de los debates y las votaciones.
Para la Sala, las ausencias reiteradas durante las sesiones analizadas hicieron parte de los elementos que permitieron establecer cómo se habría facilitado el trámite de la reforma.
La decisión todavía puede cambiar
La denominada “muerte política” corresponde jurídicamente a la pérdida de investidura de un congresista. En este caso, sin embargo, la decisión aún no está en firme porque fue adoptada en primera instancia.
Iván Name puede apelar ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que tendrá la última palabra dentro de este proceso de pérdida de investidura.
Esto es diferente del proceso penal que también enfrenta el exsenador. En octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó su llamado a juicio, junto con el del exrepresentante Andrés David Calle, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, dentro de la investigación por las irregularidades en contratos de la UNGRD.
Un fallo distinto al concepto de la Procuraduría
La decisión del Consejo de Estado se conoció después de que la Procuraduría General de la Nación hubiera solicitado que no se decretara la pérdida de investidura.
El Ministerio Público había señalado que, a su juicio, no estaban suficientemente acreditadas las circunstancias que permitieran establecer que Name hubiera ejercido presión o influencia sobre Sandra Ortiz para obtener los 3.000 millones de pesos.
La Sala Especial de Decisión 24 tomó una posición diferente después de valorar el conjunto de pruebas incorporadas al expediente y concluyó que sí estaba demostrada la causal constitucional de tráfico de influencias debidamente comprobado.
Por ahora, el fallo marca una nueva decisión judicial dentro del caso UNGRD, pero su alcance definitivo dependerá de lo que ocurra si la defensa de Iván Name presenta la apelación correspondiente.
