El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su Gobierno no impondrá el impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de la canasta familiar ni establecerá nuevas cargas de este impuesto para el sector agropecuario. El pronunciamiento se produjo el domingo 15 de noviembre, durante una alocución en la que presentó un balance de sus primeros 100 días en la Casa de Nariño.
“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó el mandatario.
El anuncio representa un cambio frente a la propuesta inicial de la Ley de Rescate Económico, que contemplaba ampliar el cobro del impuesto a determinados productos que actualmente cuentan con tratamientos tributarios especiales. La medida había generado cuestionamientos por su posible impacto en el costo de vida, especialmente para los hogares de menores ingresos.
Hacienda estudia reducir el IVA del 19 % al 17 %
Durante su intervención, De la Espriella también reveló que el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA, actualmente del 19 %, al 18 % o incluso al 17 %.
El mandatario señaló que la iniciativa todavía está en revisión y que espera presentar avances una vez se evalúen sus efectos sobre las finanzas públicas.
Por ahora, la reducción no está aprobada y dependerá de las decisiones que se adopten dentro del proceso de revisión tributaria y de los mecanismos legales correspondientes.
El Gobierno busca encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar recursos para atender las obligaciones del Estado y la intención de evitar que las medidas fiscales aumenten la presión económica sobre los ciudadanos.
La reforma tributaria tendrá que buscar nuevas fuentes de financiación
La decisión de no gravar los productos de la canasta familiar plantea una pregunta central para el Gobierno: cómo compensar los ingresos que esperaba obtener con los cambios propuestos al IVA.
La Ley de Rescate Económico fue presentada con el propósito de mejorar las finanzas públicas, cubrir compromisos presupuestales y reducir el déficit fiscal. Dentro de la discusión también se encuentran alternativas como la reducción del gasto estatal, la eliminación de gastos innecesarios y la venta de activos improductivos de la Nación.
De la Espriella sostuvo que su administración está dispuesta a revisar la iniciativa y buscar acuerdos con los partidos políticos y los distintos sectores económicos para conseguir una propuesta viable.
El presidente insistió en que la aprobación de la ley no será una imposición de su Gobierno y que está abierto a otras fórmulas que permitan alcanzar las metas fiscales sin trasladar el mayor costo a los hogares colombianos.
El Gobierno defiende los recortes al gasto público
Durante el balance de sus primeros 100 días, el mandatario destacó las medidas de austeridad que, según su administración, han permitido reducir gastos y revisar la contratación estatal.
De la Espriella afirmó que su propuesta contempla recortes directos y permanentes superiores a los $23 billones. También defendió la revisión de los contratos, la reducción de la burocracia y la búsqueda de recursos mediante la venta de activos que no resulten estratégicos para el Estado.
Sin embargo, estas medidas tendrán que evaluarse frente a las necesidades presupuestales del país. Los recortes pueden reducir gastos, pero no necesariamente generan ingresos nuevos de manera inmediata, mientras que la venta de activos depende de los procesos de valoración, negociación y ejecución.
Por eso, el reto del Ejecutivo será demostrar que las alternativas planteadas pueden cubrir las necesidades fiscales sin comprometer la financiación de los servicios públicos y los programas sociales.
Una decisión que cambia el debate sobre los impuestos
El anuncio de De la Espriella modifica uno de los puntos más discutidos de la Ley de Rescate Económico y abre una nueva etapa de negociaciones con el Congreso.
La protección de la canasta familiar puede aliviar la preocupación de los consumidores frente a posibles aumentos de precios, pero todavía quedan interrogantes sobre otros componentes de la propuesta tributaria y sobre la forma en que se financiarán las obligaciones del Estado.
El proyecto continúa en construcción y deberá pasar por el debate legislativo antes de convertirse en ley. En ese proceso se conocerá cuáles medidas se mantienen, cuáles se modifican y de dónde saldrán los recursos necesarios para cumplir las metas fiscales.
Por ahora, el presidente dejó clara su posición frente al IVA sobre los alimentos y abrió la puerta a una eventual reducción de la tarifa general. La discusión que sigue será determinar si el Gobierno logra combinar ese alivio tributario con una estrategia que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.





