La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá, tras el proceso administrativo relacionado con la desaparición y muerte de Valeria Afanador, una niña de 10 años que fue encontrada sin vida en agosto de 2025, 18 días después de haber desaparecido del plantel educativo.

La decisión contempla la cancelación de la licencia de funcionamiento de la institución, luego de que las autoridades departamentales determinaran responsabilidades administrativas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección de los estudiantes. La medida no representa un cierre inmediato, pues su aplicación está prevista para cuando finalice el calendario académico de 2026.

El caso de Valeria conmocionó al país. La menor desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras se encontraba en el Gimnasio Campestre Los Laureles. Después de 18 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 29 de agosto en el río Frío, en inmediaciones del municipio de Cajicá. Según la información conocida sobre la investigación, la causa de muerte fue ahogamiento.

La decisión administrativa se suma a las actuaciones que adelantan las autoridades judiciales para establecer qué ocurrió dentro de la institución y determinar si hubo responsabilidades individuales en los hechos. La Gobernación también dispuso que las directivas presenten un plan para reubicar a los estudiantes una vez se haga efectivo el cierre.

Por su parte, los padres de la niña, Luisa Cárdenas y Manuel Afanador, continúan solicitando que se esclarezcan las circunstancias de la desaparición y muerte de su hija. La familia ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que investigue la posible responsabilidad de otras personas vinculadas al colegio, incluida la rectora, Sonia Ochoa Daza.

Los familiares insisten en que se revisen las actuaciones del personal de la institución y los protocolos de seguridad que estaban establecidos para proteger a los estudiantes. Estas solicitudes hacen parte de un proceso que continúa en manos de las autoridades competentes.

La sanción administrativa contra el colegio y la investigación penal son procedimientos diferentes. Mientras la primera se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones del establecimiento educativo, la segunda busca establecer posibles responsabilidades individuales en la muerte de Valeria.

Con la orden de cierre, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los protocolos de vigilancia y reacción en los centros educativos, especialmente cuando se trata de menores que requieren medidas particulares de acompañamiento y protección. La familia de Valeria sigue esperando respuestas sobre lo ocurrido y que la investigación avance hasta esclarecer los hechos.