El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló un nuevo balance que ha generado un amplio debate nacional sobre las operaciones militares adelantadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la entidad, un total de 65 menores de edad perdieron la vida en bombardeos ejecutados por la Fuerza Pública contra estructuras de grupos armados ilegales, una cifra que reabre la discusión sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en medio del conflicto armado colombiano.
La información fue dada a conocer por el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, quien explicó que el consolidado corresponde a los registros forenses obtenidos tras las operaciones militares realizadas durante la actual administración nacional. De acuerdo con la entidad, los casos se concentraron principalmente en los departamentos de Guaviare, Arauca y Putumayo, escenarios donde las Fuerzas Militares desarrollaron ofensivas contra organizaciones armadas ilegales.
Las cifras de Medicina Legal provienen de los análisis técnico-científicos realizados sobre los cuerpos recuperados en distintos operativos, proceso que permitió establecer la edad de las víctimas y consolidar el número de menores fallecidos. La información fue remitida a las autoridades competentes como parte de las investigaciones que buscan esclarecer cada uno de los hechos.
Uno de los episodios más controversiales ocurrió en noviembre de 2025, cuando un bombardeo en el departamento del Guaviare dejó un saldo de siete menores muertos, cifra que inicialmente había sido menor y posteriormente fue confirmada por Medicina Legal tras culminar el proceso de identificación forense. Ese operativo desató fuertes cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y de distintos sectores políticos, mientras el Gobierno sostuvo que la acción estaba dirigida contra campamentos de las disidencias de las FARC y que los menores habían sido víctimas de reclutamiento forzado.
El nuevo balance de 65 menores fallecidos vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las estrategias militares empleadas para combatir a los grupos armados ilegales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención del reclutamiento forzado, considerado una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. Organizaciones sociales y expertos insisten en que, además de perseguir a las estructuras criminales responsables de utilizar niños en la guerra, el Estado debe garantizar mayores medidas de protección para evitar que los menores continúen siendo las principales víctimas del conflicto armado colombiano.
