El Gobierno nacional expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de 634,9 billones de pesos, luego de que se detectaran diferencias entre los textos aprobados por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. La decisión se conoció el miércoles 21 de octubre de 2026, después de que venciera el plazo legal para completar el trámite legislativo.

La situación se originó durante la aprobación del proyecto en el Congreso. Aunque ambas cámaras debatieron y votaron el presupuesto, los documentos finales no coincidieron en uno de sus apartados. Esta diferencia impidió cerrar el proceso de conciliación dentro del tiempo establecido, cuyo plazo venció el 20 de octubre.

Uno de los puntos centrales de la controversia es el artículo 65 del proyecto. Según la información divulgada sobre el trámite, en la plenaria del Senado esa disposición fue aprobada sin proposiciones adicionales, mientras que en la Cámara de Representantes se habría incorporado una modificación que no figuraba en el texto aprobado por los senadores. La inconsistencia fue advertida por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico.

Ante la imposibilidad de completar el procedimiento legislativo dentro del plazo, el Ejecutivo decidió acudir al mecanismo previsto en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que contempla la expedición del presupuesto por decreto cuando no se logra completar su aprobación como ley en el tiempo establecido.

El Gobierno señaló que tomará como base el proyecto presentado inicialmente, junto con las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso. Esto significa que algunos cambios incorporados durante las plenarias no quedarían incluidos en el presupuesto que finalmente regirá para el próximo año.

La decisión tiene efectos sobre distintas partidas que fueron objeto de discusión durante el segundo debate. Entre los ajustes que podrían quedar por fuera se encuentran recursos adicionales para sectores como salud y justicia, además de otras modificaciones presupuestales propuestas por los congresistas.

El monto de 634,9 billones de pesos será la referencia para la programación del gasto público en 2027, una cifra que incluye los recursos destinados al funcionamiento del Estado, el servicio de la deuda y la inversión pública. La distribución de esos recursos determinará buena parte de las prioridades económicas y sociales del Gobierno durante el próximo año.

El episodio también abrió un debate sobre la coordinación entre el Senado y la Cámara de Representantes en el trámite de una de las principales herramientas de la política económica nacional. La diferencia entre los textos aprobados dejó en evidencia la importancia de revisar y verificar los documentos legislativos antes de cerrar formalmente el proceso.

Con la expedición del decreto, el Ejecutivo busca garantizar que el país cuente con un presupuesto para 2027, pese a que el proyecto no completó su trámite como ley dentro del plazo previsto. La controversia deja interrogantes sobre las modificaciones que finalmente serán incorporadas y sobre las responsabilidades en la revisión de los textos aprobados por ambas cámaras.