Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y otros antiguos integrantes del Secretariado de las Farc comenzaron en septiembre el cumplimiento de la sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por los secuestros cometidos durante el conflicto armado.
El trabajo se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde los excomandantes participan en la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas. El magistrado de la JEP Camilo Suárez explicó ahora cómo se está desarrollando esta actividad y qué labores adicionales han tenido que realizar los comparecientes.
Jornadas de ocho horas en el cementerio
De acuerdo con el magistrado Camilo Suárez, los exjefes de las Farc permanecen en el cementerio de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.
Durante esas jornadas han realizado labores de limpieza y adecuación del terreno. Suárez explicó que en el lugar hay una importante presencia de plantas de bambú, por lo que parte del trabajo ha consistido en despejar esas zonas.
Las imágenes en las que aparece Timochenko utilizando un machete corresponden precisamente a esas labores. Los comparecientes también han participado en actividades de excavación relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.
La permanencia en el lugar no es libre. Según explicó el magistrado, los exintegrantes del Secretariado tienen restricciones de movilidad y cuentan con monitoreo físico y electrónico durante el cumplimiento de la sanción.
La búsqueda de desaparecidos es el objetivo principal
Más allá de las labores de limpieza, el propósito central del proyecto es encontrar restos de personas desaparecidas durante el conflicto armado.
El magistrado Suárez señaló que los comparecientes participan en las excavaciones para ubicar posibles fosas, mientras que los procedimientos relacionados con la identificación y el manejo de los restos están a cargo de equipos especializados de antropología y Medicina Legal.
En las primeras dos semanas de trabajo, según la JEP, fueron encontrados 12 restos relacionados con el conflicto armado. El magistrado también indicó que en el Huila se tiene información sobre cerca de 540 personas desaparecidas.
El proyecto se desarrolla con acompañamiento de equipos forenses y hace parte de las acciones restaurativas acordadas dentro de la sentencia contra el antiguo Secretariado de las Farc por más de 21.000 casos de secuestro.
Una sanción que no contempla cárcel
La decisión de la JEP establece para los antiguos comandantes una llamada sanción propia. Esta figura no implica que los condenados sean enviados a una prisión, pero sí contempla restricciones de derechos y libertades y la obligación de participar en proyectos destinados a reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a las víctimas.
Rodrigo Londoño recibió una sanción de ocho años. Jaime Alberto Parra fue condenado a siete años; Milton de Jesús Toncel, a siete años y ocho meses; y Pablo Catatumbo, a ocho años. Los demás integrantes del antiguo Secretariado también recibieron sanciones dentro de este mismo proceso.
La JEP dejó en firme en julio de 2026 la primera sanción propia contra los siete integrantes del último Secretariado de las Farc por los secuestros investigados en el Caso 01.
El trabajo en Pitalito genera críticas entre las víctimas
El cumplimiento de la sanción ha provocado reparos de algunas víctimas de las Farc, especialmente por el hecho de que los antiguos comandantes no están pagando la condena en una cárcel.
Una de las críticas más fuertes fue expresada por Consuelo González de Perdomo, exsecuestrada de las Farc, quien cuestionó la presencia de Timochenko en el cementerio y reclamó respuestas sobre personas secuestradas cuyos restos todavía no han sido entregados a sus familias.
La discusión refleja una de las mayores dificultades de este modelo de justicia transicional: la JEP busca que las sanciones tengan un componente restaurativo y permitan reparar a las víctimas, mientras algunos afectados consideran que las medidas no corresponden a la gravedad de los crímenes cometidos.
La JEP defiende el carácter restaurativo de la sanción
Camilo Suárez sostuvo que el trabajo realizado en Pitalito no se limita a labores físicas. La búsqueda de desaparecidos pretende aportar información a las familias y avanzar en la recuperación e identificación de personas que permanecen sin ser encontradas.
En el cementerio San Antonio de Padua se adelanta uno de los seis proyectos restaurativos definidos dentro de la sentencia. Allí, además de los antiguos comandantes, participan equipos técnicos encargados de las labores forenses.
La JEP ha señalado que en ese cementerio se han recuperado previamente 54 cuerpos de personas no identificadas y que nueve de ellas han sido entregadas de manera digna a sus familias.
El cumplimiento de esta sanción continuará bajo vigilancia y con restricciones de movilidad para los comparecientes. Para la JEP, el objetivo es que el trabajo en Pitalito permita avanzar en la búsqueda de desaparecidos y, al mismo tiempo, hacer efectiva una sentencia que por primera vez pone a los antiguos máximos comandantes de las Farc frente a un proceso de reparación directa a las víctimas.
