La polémica por los actos religiosos que hicieron parte de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella no terminó con las disculpas que el mandatario ofreció públicamente. La Presidencia de la República decidió impugnar el fallo de tutela que le ordenó pronunciarse sobre lo ocurrido durante la ceremonia del pasado 7 de agosto en Cali.

El recurso fue presentado el lunes 31 de agosto por Carolina Jiménez Bellicia, coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial de la Presidencia, ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que había emitido la decisión en primera instancia.

La tutela fue presentada por Omar Alberto Franco Becerra, quien cuestionó la presencia de elementos religiosos durante la ceremonia de posesión. En su decisión, el juez consideró que lo ocurrido podía afectar el principio de neutralidad religiosa y laicidad del Estado.

Entre los elementos señalados estuvieron la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima, la participación de representantes religiosos, oraciones, alabanzas y referencias a Jesucristo durante el discurso presidencial.

El fallo había ordenado a Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas mediante una alocución por radio y televisión. También estableció que el mandatario debía emitir una directiva dirigida a los servidores públicos para garantizar el respeto por la neutralidad religiosa en los actos oficiales.

La orden también alcanzó al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien debía ofrecer disculpas por lo ocurrido durante la sesión del Congreso Pleno en la que se realizó la posesión.

De la Espriella ya había cumplido con la orden judicial y ofreció disculpas públicas el domingo 30 de agosto. Sin embargo, durante esa intervención también dejó clara su posición frente al tema y defendió su libertad religiosa. Ahora, la Presidencia busca que el fallo sea revisado y, en última instancia, revocado.

El argumento central de la defensa del Gobierno es que el presidente no fue quien tomó las decisiones relacionadas con la organización de la sesión del Congreso en la que se llevó a cabo la posesión.

La Presidencia sostiene que el Congreso de la República, sus mesas directivas y sus integrantes son quienes tienen la competencia constitucional y legal para organizar sus sesiones y modificar el orden del día. Por esa razón, afirma que no existe evidencia de que De la Espriella hubiera ordenado, autorizado o coordinado la inclusión de los elementos religiosos cuestionados.

La defensa también considera que el fallo no demostró que hubiera existido una política estatal encaminada a imponer o promover una determinada religión. En el recurso se plantea además que las expresiones religiosas realizadas por el presidente deben analizarse dentro del contexto de su libertad de conciencia y de culto.

Otro de los puntos que plantea la Presidencia es la separación de poderes. Según la defensa, atribuirle al jefe de Estado responsabilidad por decisiones adoptadas durante una sesión del Congreso podría desconocer las competencias propias de esa corporación.

El Gobierno también cita decisiones recientes de la Corte Constitucional para sostener que la laicidad del Estado no significa que cualquier expresión religiosa realizada por un funcionario pueda considerarse automáticamente una vulneración de la neutralidad religiosa. La defensa plantea que estos casos deben analizarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares.

La discusión jurídica continuará ahora en una nueva instancia. La impugnación deberá ser estudiada por el superior correspondiente y el proceso podría seguir avanzando hasta una eventual revisión de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, el caso mantiene abierto el debate sobre hasta dónde puede llegar la expresión de las creencias personales de un funcionario público cuando participa en actos oficiales y cuál es el límite entre la libertad religiosa individual y el principio de neutralidad que debe mantener el Estado colombiano.

Por ahora, Abelardo de la Espriella ya cumplió la orden de ofrecer disculpas, pero su Gobierno mantiene la pelea jurídica para intentar modificar la decisión que dio origen a esa obligación.