El Proceso 8.000 vuelve al centro de la conversación política colombiana. Esta vez, por las declaraciones de Robert S. Gelbard, exdiplomático de Estados Unidos, quien habló sobre uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente del país y puso nuevamente sobre la mesa el papel que tuvo Andrés Pastrana durante la campaña presidencial de 1994.

Gelbard habló este viernes 28 de agosto de 2026 con Caracol Radio, en medio de la atención que ha despertado un documental de HBO Max sobre el caso. Durante la entrevista recordó la información que llegó a las autoridades estadounidenses sobre la presunta entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper.

Según el exfuncionario estadounidense, las autoridades de su país conocieron parte de la información antes de las elecciones de 1994 a partir de grabaciones obtenidas por la Policía colombiana. En esos audios aparecían conversaciones que llevaron a agencias estadounidenses a considerar que se estaban solicitando recursos para financiar la campaña.

Gelbard aseguró además que tuvo contacto con Ernesto Samper después de la primera vuelta presidencial, cuando el entonces candidato viajó a Washington para intentar convencer al Gobierno estadounidense de que su campaña no había recibido dinero del narcotráfico.

El diplomático sostuvo que, desde su perspectiva, Samper conocía las solicitudes de dinero y afirmó que también habría otras personas involucradas, entre ellas Horacio Serpa. Sus declaraciones hacen parte de su versión de los hechos y corresponden a una conversación sobre acontecimientos ocurridos hace más de tres décadas.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su referencia a Andrés Pastrana. Gelbard sostuvo que el entonces candidato presidencial tuvo la posibilidad de utilizar las grabaciones para exponer públicamente las acusaciones contra Samper antes de que terminara el proceso electoral.

“Pastrana tuvo la oportunidad de mostrar la corrupción de Samper”, afirmó el diplomático, quien cuestionó que esa información no hubiera sido utilizada antes de las elecciones.

La historia del llamado Proceso 8.000 comenzó a tomar fuerza en 1994, cuando fueron divulgadas grabaciones conocidas como los “narcocasetes”. El material contenía conversaciones relacionadas con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y personas vinculadas a la política colombiana.

Pastrana, quien había sido derrotado por Samper en la segunda vuelta presidencial de 1994, fue una de las figuras que hizo públicas las grabaciones. El escándalo posteriormente derivó en investigaciones judiciales y políticas sobre la financiación de la campaña de Samper.

La investigación terminó involucrando a varios integrantes de la campaña presidencial y produjo condenas contra algunos de sus principales responsables. Entre ellos estuvo Fernando Botero Zea, quien había sido gerente de la campaña y posteriormente ocupó el Ministerio de Defensa.

Gelbard también cuestionó que, pese a las investigaciones y al impacto internacional del escándalo, Ernesto Samper posteriormente hubiera ocupado cargos y posiciones de relevancia internacional. En su opinión, las consecuencias para el expresidente fueron menores frente a las que enfrentaron otros funcionarios relacionados con el caso.

Otro de los nombres mencionados durante la conversación fue el del entonces fiscal general Gustavo de Greiff. Gelbard aseguró que Estados Unidos perdió la confianza en el funcionario, aunque dijo no recordar que se le hubiera retirado la visa.

La conversación también abordó la procedencia del dinero. De acuerdo con la versión entregada por Gelbard, la campaña de Samper habría solicitado y recibido recursos provenientes del Cartel de Cali y, según su relato, quienes recibieron esos fondos conocían su origen.

El diplomático aseguró que incluso había advertido personalmente a Samper que Estados Unidos conocería cualquier nuevo aporte que llegara desde el Cartel de Cali para financiar la segunda vuelta. Según Gelbard, el entonces candidato negó haber solicitado dinero a esa organización criminal.

El Proceso 8.000 marcó uno de los momentos más difíciles de la política colombiana durante la década de los noventa. Aunque Ernesto Samper fue investigado por la financiación de su campaña, la Cámara de Representantes terminó absolviéndolo en el proceso político que se adelantó en su contra. Al mismo tiempo, varios congresistas y funcionarios sí fueron condenados por hechos relacionados con el escándalo.

Más de 30 años después, el caso vuelve a generar debate por las revelaciones y testimonios incluidos en producciones audiovisuales y por las declaraciones de quienes estuvieron relacionados con aquellos acontecimientos.

Las afirmaciones de Robert Gelbard reabren además una discusión que Colombia nunca ha cerrado por completo: qué sabían los principales protagonistas de la campaña de 1994, cuándo lo supieron y qué decisiones tomaron frente a la información sobre los recursos del narcotráfico.

El Proceso 8.000, lejos de ser solamente un episodio del pasado, continúa siendo una referencia obligada para entender las relaciones entre política, financiación electoral y narcotráfico en Colombia. Las nuevas declaraciones de Gelbard vuelven a poner nombres y decisiones de aquella época bajo la mirada pública.