El Gobierno nacional puso bajo la lupa la contratación de la Cancillería durante la administración de Gustavo Petro y advirtió sobre lo que considera una posible politización de la entidad. Según los hallazgos presentados durante el proceso de empalme, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías se habrían firmado contratos por cerca de 83.000 millones de pesos.
La denuncia fue presentada por el actual Gobierno como parte de la revisión que viene haciendo sobre las actuaciones de la administración anterior. El caso hace parte de los documentos que serán entregados a los organismos de control para que determinen si existieron irregularidades y si hay responsabilidades que deban investigarse.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el volumen de contratación registrado en la Cancillería en el periodo previo a la aplicación de las restricciones de la Ley de Garantías. Para el Gobierno, la cantidad y el momento en que se realizaron algunos de estos contratos requieren una revisión detallada.
Señalamientos sobre contratación
Los cuestionamientos no se limitan al valor de los contratos. La administración de Abelardo De La Espriella también puso sobre la mesa la posible utilización política de la estructura de la Cancillería.
El Gobierno sostiene que encontró numerosos contratos de prestación de servicios y otras vinculaciones que deben ser revisadas para establecer si respondieron a necesidades reales de la entidad o si pudieron utilizarse con otros fines.
La discusión se produce en un momento en el que el Ejecutivo está revisando diferentes dependencias del Estado y anunciando posibles denuncias por hechos que considera irregulares.
El caso será revisado por los organismos de control
El señalamiento sobre los contratos de la Cancillería no significa, por sí solo, que exista una conducta ilegal comprobada. Los documentos y las cifras deberán ser contrastados por las autoridades competentes antes de establecer responsabilidades.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, dependiendo de la naturaleza de cada caso, podrían determinar si corresponde abrir investigaciones penales, disciplinarias o fiscales.
La atención está puesta especialmente en los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia de las restricciones electorales, debido a que la Ley de Garantías establece límites a la contratación estatal durante determinados periodos con el propósito de evitar que los recursos públicos sean utilizados para favorecer campañas políticas.
Una revisión que apenas comienza
El Gobierno de De La Espriella ha señalado que continuará revisando los contratos y decisiones administrativas heredadas de la anterior administración.
En el caso de la Cancillería, el reto será determinar exactamente cuántos contratos fueron suscritos, quiénes fueron los beneficiarios, qué servicios prestaron, cuánto dinero comprometió el Estado y si los procedimientos utilizados se ajustaron a la legislación.
Por ahora, los señalamientos corresponden a hallazgos y denuncias presentados por el actual Gobierno, y no constituyen una condena ni determinan responsabilidad de los funcionarios o contratistas involucrados.
La investigación de los organismos de control será la que permita establecer si detrás de los contratos por cerca de 83.000 millones de pesos hubo simplemente decisiones administrativas o si, por el contrario, se presentaron irregularidades que puedan generar consecuencias judiciales o disciplinarias.
