Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada desde la estación de Carabineros de la Policía en Bogotá hacia un centro penitenciario en Ibagué, en medio de los cuestionamientos que se han presentado por las condiciones en las que permanecía recluida.

El traslado ocurre después de varios reportes sobre presuntos beneficios y situaciones irregulares durante su permanencia en la estación de Carabineros. En marzo de 2026, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que se había abierto una investigación luego de que un informe de la Policía advirtiera sobre posibles lujos, elementos prohibidos y beneficios indebidos en el lugar donde estaba recluida Barrera.

La situación generó preocupación dentro del sistema penitenciario porque, según explicó en ese momento el director del Inpec, ninguna persona privada de la libertad puede recibir un trato especial frente a los demás internos.

Epa Colombia había llegado a la estación de Carabineros en agosto de 2025, después de permanecer varios meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Su defensa había solicitado el traslado argumentando problemas de seguridad y riesgos para su integridad. El cambio se concretó el 20 de agosto de ese año.

La empresaria cumple una condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019, cuando protagonizó actos de vandalismo contra una estación de TransMilenio en Bogotá. La sentencia contempla delitos relacionados con instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público.

Durante su proceso de reclusión, Barrera también presentó una propuesta de justicia restaurativa relacionada con los daños ocasionados al sistema de transporte. Entre las alternativas planteadas por su defensa estaba una reparación económica y la posibilidad de desarrollar actividades pedagógicas relacionadas con TransMilenio.

Ahora, con su traslado a Ibagué, cambia nuevamente el lugar donde la influenciadora deberá continuar cumpliendo su condena. La decisión llega después de los cuestionamientos sobre el manejo de su reclusión y de las investigaciones que buscaban establecer si había recibido condiciones diferentes a las de otros internos.

El caso de Epa Colombia continúa bajo seguimiento de las autoridades penitenciarias, mientras la discusión vuelve a centrarse en las condiciones de reclusión y en la obligación de garantizar que las personas privadas de la libertad cumplan sus condenas bajo las mismas reglas.