El panorama político nacional experimenta una profunda agitación institucional tras los pronunciamientos del mandatario electo Abelardo de la Espriella, quien formuló un enérgico llamado a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia. El futuro gobernante exhortó a los uniformados a acatar estrictamente su juramento de protección constitucional y democrática, instándolos de manera directa a no obedecer ninguna disposición emitida por el actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que atente contra el ordenamiento legal del país.

Esta contundente declaración se produce en medio de una agudización de la crisis en las mesas de empalme, escenario en el cual Abelardo de la Espriella acusó formalmente al jefe de Estado saliente y al senador Iván Cepeda Castro de promover una estrategia tendiente a perpetuar una ruptura del orden institucional. Según la argumentación expuesta por el mandatario electo a través de sus canales oficiales de comunicación, el senador Iván Cepeda Castro ejerce un rol estratégico al convocar a jornadas de desobediencia civil pacífica, una acción que bajo su perspectiva busca deslegitimar los resultados electorales que le otorgaron el triunfo en las urnas. Por tal motivo, extendió una solicitud de vigilancia permanente a la comunidad internacional para que supervise el desarrollo de la transición de poder en territorio colombiano.

En concordancia con esta postura de confrontación frente al ejecutivo saliente, Abelardo de la Espriella ratificó la instrucción enviada a su comisión de empalme, delegación que se encuentra coordinada bajo el liderazgo del vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano. La directriz ordena suspender de forma definitiva los encuentros presenciales con los delegados de la administración de Gustavo Petro Urrego, argumentando que no existen garantías éticas para deliberar de forma bilateral. No obstante, se aclaró que el acopio de la información estatal continuará ejecutándose obligatoriamente por medio de canales virtuales y herramientas tecnológicas con el propósito de cumplir los parámetros establecidos por la ley.

El trasfondo de esta tensa transición política radica, según lo expresado por el líder electo, en un presunto temor por parte del gobierno saliente a las investigaciones fiscales y penales subsiguientes que develarían irregularidades de contratación y manejo administrativo durante el actual cuatrienio. Abelardo de la Espriella enfatizó en que los señalamientos de desobediencia civil y los tropiezos en la entrega de ministerios responden al miedo a los procesos judiciales relacionados con supuestos nexos transnacionales. Ante este escenario de máxima polarización, organismos de control como la Contraloría General de la República han empezado a manifestarse para exigir el respeto irrestricto al veredicto de la ciudadanía y garantizar la obligatoriedad jurídica de la entrega de información estatal.