Un juez administrativo ordenó suspender de manera provisional los bombardeos contra estructuras criminales en el departamento de Arauca, hasta que las autoridades militares ajusten sus protocolos de planeación y ejecución de operaciones aéreas con medidas específicas para proteger a niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales.

La decisión fue tomada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca, al resolver una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas Ávila, contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Al proceso también fue vinculado el Ministerio de Defensa Nacional.

El fallo, emitido por el juez Carlos Andrés Gallego Gómez, concedió el amparo preventivo de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, el interés superior del menor, el acceso a la información pública y el derecho a la verdad, al considerar que los procedimientos actuales no contemplan mecanismos suficientes para verificar la presencia de menores de edad antes de ejecutar ataques aéreos contra grupos armados organizados.

De acuerdo con la decisión judicial, las Fuerzas Militares deberán incorporar criterios concretos para evaluar la posible presencia de menores reclutados, medir el impacto sobre la población civil y los bienes protegidos, y aplicar de manera estricta los principios de necesidad militar, distinción, precaución y proporcionalidad.

El despacho señaló que, aunque la Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que cuenta con lineamientos para operaciones de ataque estratégico, interdicción aire-tierra y apoyo aéreo cercano, esos procedimientos no incluyen una verificación específica sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes dentro de las estructuras que puedan ser objetivo militar.

En su análisis, el juez recordó que los menores vinculados a grupos armados ilegales deben ser considerados víctimas del conflicto armado, sin importar las condiciones en las que hayan sido reclutados o utilizados por esas organizaciones. Por esa razón, su condición debe ser valorada antes de autorizar cualquier operación con armas o explosivos lanzados desde aeronaves.

El fallo otorgó un plazo de dos meses al presidente de la República, al ministro de Defensa y al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para ajustar los protocolos y capacitar al personal militar sobre los nuevos lineamientos. Mientras se cumplen esas modificaciones, quedan suspendidos los bombardeos contra estructuras criminales en Arauca.

La decisión se produce en medio de un fuerte debate nacional por el reclutamiento de menores de edad y el uso de operaciones aéreas en zonas de conflicto. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el aumento de niños y adolescentes vinculados a grupos ilegales, especialmente en regiones como Arauca, Guaviare, Putumayo y Cauca.

Con esta determinación, la justicia busca que las operaciones militares contra estructuras armadas ilegales se desarrollen con mayores garantías humanitarias, sin desconocer la obligación del Estado de combatir a los grupos criminales, pero reforzando la protección de los menores que han sido víctimas del reclutamiento forzado.