Un nuevo revés recibió la política de negociación con los grupos armados ilegales luego de que un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa ordenara la suspensión provisional de la resolución que autorizaba el desarrollo de conversaciones de paz entre el Gobierno nacional y la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia. La decisión judicial deja sin efectos inmediatos el acto administrativo mientras se estudia de fondo la demanda presentada contra dicha medida.

La providencia considera que existen elementos suficientes para decretar la medida cautelar, al advertir posibles irregularidades jurídicas relacionadas con la expedición de la resolución que daba vía libre al proceso de diálogo con esa estructura armada. Con esta determinación, el Ejecutivo no podrá continuar adelantando actuaciones sustentadas en ese acto administrativo hasta que exista un pronunciamiento definitivo por parte de la justicia.

La Segunda Marquetalia, organización integrada por antiguos comandantes de las FARC que retomaron las armas tras el Acuerdo de Paz de 2016, había sido incluida dentro de la estrategia de negociaciones impulsada por el Gobierno saliente en el marco de la denominada “Paz Total”. Sin embargo, el proceso ha estado rodeado de cuestionamientos por parte de distintos sectores políticos y jurídicos, que han señalado presuntos incumplimientos de los requisitos legales para otorgar reconocimiento como actor negociador.

La suspensión no representa el cierre definitivo del proceso, pero sí obliga a congelar temporalmente cualquier actuación derivada de la resolución mientras el tribunal analiza si el acto administrativo se ajustó o no a la Constitución y a la legislación colombiana. El fallo de fondo determinará si la autorización podrá restablecerse o si, por el contrario, deberá ser anulada de manera definitiva.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate nacional sobre el alcance de las negociaciones con grupos armados ilegales y los mecanismos jurídicos que deben respaldar estos procesos. La decisión judicial marca un nuevo capítulo en la discusión sobre la política de paz en Colombia y podría tener repercusiones en futuros acercamientos con organizaciones al margen de la ley.