Una nueva controversia política se desató en Colombia luego de que Viviana Marín Carmona, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO) e integrante del Partido Comunista Colombiano, fuera denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de terrorismo e instigación a delinquir. La acción judicial surgió tras la difusión de un video en el que la dirigente hizo un llamado a mantener la movilización social contra el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, utilizando expresiones que generaron un intenso debate en el escenario político nacional.

En la grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, Marín Carmona instó a los militantes de la JUCO a permanecer en las calles durante el próximo gobierno y pronunció la frase: “hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”, además de convocar a una movilización permanente contra la nueva administración. Sus declaraciones fueron interpretadas por diversos sectores políticos como un llamado a desestabilizar al gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto de 2026.

La denuncia fue presentada por la Corporación Colectivo de Abogados Francisco de Paula Santander, que solicitó a la Fiscalía investigar si las manifestaciones públicas de la dirigente podrían configurar conductas relacionadas con terrorismo e instigación a delinquir. En el documento se argumenta que las declaraciones podrían representar una incitación a promover actos que alteren el orden público y la gobernabilidad del país tras el resultado de las elecciones presidenciales.

Desde el Centro Democrático, el representante a la Cámara David Toledo calificó el contenido del video como una evidencia de una estrategia para enfrentar al nuevo gobierno mediante acciones de presión en las calles. El congresista afirmó que las autoridades deben esclarecer el alcance de estos llamados y garantizar que cualquier manifestación se desarrolle dentro del marco constitucional y legal.

Por su parte, Viviana Marín Carmona rechazó las acusaciones y aseguró que sus palabras hacen parte del ejercicio legítimo de la oposición y del derecho a la protesta. La dirigente sostuvo que la movilización social ha sido una herramienta histórica de los movimientos juveniles y denunció que, tras la elección de Abelardo de la Espriella, han comenzado actos de persecución política contra integrantes de su organización. Además, responsabilizó públicamente al representante David Toledo y al Centro Democrático por cualquier situación que pueda afectar su integridad o la de otros miembros de la JUCO.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha informado si abrirá formalmente una investigación penal ni ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo de la denuncia. El caso continúa generando un amplio debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la eventual responsabilidad penal derivada de discursos considerados como una posible incitación a la violencia o a la alteración del orden público.