Las autoridades confirmaron este viernes 8 de mayo el hallazgo sin vida del periodista Mateo Pérez Rueda, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes en zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, cuando se desplazaba hacia la vereda Palmichal para realizar labores periodísticas relacionadas con la situación de orden público en esa subregión.

El joven comunicador, de 25 años, era oriundo de Yarumal y se desempeñaba como director del medio digital Revista El Confidente. Además, era estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, sede Medellín. Su desaparición generó alarma entre familiares, colegas, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y autoridades departamentales, debido a que ocurrió en una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales y fuertes restricciones de seguridad.

De acuerdo con información conocida por medios regionales, una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja recibió el cuerpo de Mateo Pérez en zona rural de Briceño, entre las veredas Palmichal y El Hoyo. En la comisión humanitaria también participó la Defensoría del Pueblo, tras gestiones de mediación en las que intervino la Iglesia Católica. El cuerpo fue trasladado para los procedimientos correspondientes y se esperaba su entrega a Medicina Legal en Medellín.

Mateo Pérez había salido el martes en la tarde hacia el corregimiento de Travesías y posteriormente tomó rumbo a la vereda Palmichal. Según versiones preliminares, en el trayecto habría sido interceptado por hombres armados. Caracol Radio informó que el comunicador llegó al territorio en motocicleta y que posteriormente fue retenido por integrantes de un grupo ilegal, en medio de una zona donde delinque el frente 36 de las disidencias de las antiguas Farc.

La Fundación para la Libertad de Prensa había advertido sobre la desaparición y el posible asesinato del periodista, al señalar que Pérez Rueda se encontraba realizando reportería en un territorio afectado por la confrontación armada. La organización también expresó preocupación por el riesgo que enfrentan los comunicadores que cubren temas de conflicto, especialmente en municipios donde la presencia institucional es limitada y los actores armados imponen controles sobre la población civil.

En medio de la búsqueda, familiares reportaron el hallazgo de algunas pertenencias del periodista. Según versiones conocidas por medios nacionales, en la vía hacia Palmichal fueron encontradas su motocicleta, su billetera, las llaves y su teléfono celular, elementos que reforzaron la hipótesis de que habría sido interceptado durante el recorrido hacia la zona rural.

La Alcaldía de Briceño había pedido a la familia y a la comunidad no ingresar por cuenta propia a la vereda Palmichal, al advertir que el sector permanecía bajo alto riesgo por la presencia de grupos armados y enfrentamientos en la zona. La administración local señaló que no existían condiciones de seguridad para que civiles, organismos humanitarios o miembros de la fuerza pública avanzaran sin garantías suficientes.

El caso también provocó reacciones desde la Gobernación de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón condenó lo ocurrido y ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera ubicar a los responsables. Las autoridades departamentales han señalado a estructuras armadas ilegales que operan en el norte de Antioquia, particularmente en áreas donde se disputan corredores estratégicos las disidencias y el Clan del Golfo.

La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta por la situación de Mateo Pérez y advirtió sobre la gravedad humanitaria que atraviesa Briceño. Según la entidad, el municipio enfrenta un escenario complejo por la confrontación entre el frente 36 de las disidencias y el Clan del Golfo, lo que ha incrementado los riesgos para líderes sociales, comunidades rurales, periodistas y población civil.

La muerte de Mateo Pérez Rueda enluta al periodismo antioqueño y vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad para ejercer la reportería en zonas de conflicto. Su caso deja en evidencia la vulnerabilidad de quienes informan desde territorios donde la violencia armada restringe la movilidad, silencia denuncias y pone en riesgo la vida de comunicadores que intentan contar lo que ocurre en las comunidades.