La situación de orden público en Colombia volvió a generar alarma luego de que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciara una supuesta condena contra dos funcionarios del CTI de la Fiscalía que permanecen secuestrados desde mayo de 2025 en el departamento de Arauca.

El Frente de Guerra Oriental de esa organización armada ilegal informó que aplicó un denominado “juicio revolucionario” contra los investigadores Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, una figura que el grupo utiliza para justificar secuestros prolongados y restricciones ilegales de la libertad.

Según el comunicado divulgado por el ELN, Jesús Antonio Pacheco deberá permanecer retenido durante 60 meses, mientras que Rodrigo López permanecería privado de la libertad por 55 meses. La guerrilla aseguró además que el tiempo que ya llevan secuestrados será descontado de la supuesta “pena” impuesta por la organización ilegal.

Los funcionarios fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 mientras realizaban labores oficiales en Arauca, una de las regiones donde el ELN mantiene fuerte presencia armada y control territorial. Desde entonces, familiares y autoridades han solicitado su liberación inmediata sin obtener resultados positivos.

En el documento difundido por la guerrilla, el grupo acusa a los investigadores de supuestas actividades de espionaje y de participar en procesos judiciales contra integrantes de la organización, argumentos utilizados para justificar la prolongación del cautiverio. Sin embargo, el Gobierno colombiano rechazó de manera contundente cualquier validez de ese tipo de actuaciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que el ELN “no es ninguna autoridad judicial” y calificó el secuestro como un delito grave que viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El funcionario pidió apoyo de la comunidad internacional, organismos humanitarios y la Iglesia Católica para exigir la liberación inmediata de los retenidos.

El caso ha generado preocupación nacional por el deterioro de las condiciones de seguridad y por el uso del secuestro como mecanismo de presión por parte de grupos armados ilegales. Organizaciones defensoras de derechos humanos también han cuestionado el anuncio del ELN y han insistido en que ninguna estructura armada puede asumir funciones judiciales al margen de la ley.

Este episodio ocurre en medio de un contexto complejo para los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, proceso que atraviesa una etapa de alta tensión tras varios hechos violentos registrados en distintas regiones del país.

Mientras tanto, las familias de los funcionarios secuestrados continúan esperando avances que permitan su regreso, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la crisis humanitaria derivada del conflicto armado y la persistencia del secuestro como una de las prácticas más repudiadas en Colombia.