El Gobierno nacional expidió un nuevo decreto que modifica la forma en que los trabajadores independientes calculan y pagan sus aportes al sistema de seguridad social, una decisión que introduce cambios clave en el ingreso base de cotización y en los criterios para determinar los valores a pagar por salud y pensión.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 379 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de actualizar el procedimiento que utilizan los independientes para liquidar sus contribuciones al sistema, en línea con nuevas condiciones económicas y estadísticas del país.

Uno de los principales cambios radica en la forma de calcular el ingreso base de cotización, conocido como IBC. A partir de ahora, los trabajadores por cuenta propia podrán ajustar los costos asociados a su actividad económica con base en datos actualizados por entidades como la DIAN, el DANE y el Banco de la República, lo que permitirá que el cálculo refleje de manera más precisa sus ingresos reales.

Anteriormente, este cálculo se hacía con base en un esquema fijo de presunción de costos que, según expertos, no siempre correspondía a la realidad económica de los independientes. Con la nueva normativa, se busca mayor flexibilidad y equidad, especialmente en sectores donde los costos han variado por efecto de la inflación.

El decreto también mantiene la obligación de cotizar sobre un porcentaje de los ingresos, que generalmente corresponde al 40 por ciento del total recibido, base sobre la cual se aplican los aportes al sistema de salud, pensión y riesgos laborales.

En términos de tarifas, los porcentajes continúan siendo del 12,5 por ciento para salud y 16 por ciento para pensión, además de un valor adicional para riesgos laborales dependiendo del nivel de riesgo de la actividad económica.

Sin embargo, el ajuste en el cálculo del IBC podría generar variaciones en el monto final a pagar, ya que ahora los independientes tendrán la posibilidad de deducir costos reales o aplicar porcentajes más actualizados, lo que en algunos casos podría representar un alivio económico, mientras que en otros podría incrementar el valor de los aportes.

Este cambio normativo se da en un contexto en el que los trabajadores independientes han visto aumentar sus obligaciones debido al incremento del salario mínimo en 2026, lo que elevó los aportes mensuales a cifras cercanas a los 500.000 pesos para quienes cotizan sobre el mínimo.

La decisión ha generado reacciones entre expertos y trabajadores, quienes destacan que el nuevo modelo podría mejorar la precisión del sistema, aunque advierten que será clave la correcta implementación y supervisión por parte de entidades como la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP.

Con este decreto, el Gobierno busca modernizar el esquema de aportes, hacerlo más acorde a la realidad económica de los independientes y fortalecer la sostenibilidad del sistema de seguridad social, en un momento en el que el país continúa ajustando sus políticas laborales y pensionales.