La creciente ola de violencia en la región del Catatumbo encendió nuevas alarmas luego de un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander, que dejó un muerto y una persona herida, en un hecho que evidencia el deterioro de la seguridad en esta zona del país.

El personero municipal, Jerson Figueroa, lanzó fuertes cuestionamientos frente a la respuesta del Estado, señalando que lo más preocupante no es solo la frecuencia de los ataques, sino la falta de reacción institucional ante este tipo de hechos que afectan directamente a la población civil.

El ataque ocurrió en la vereda Cuatro Esquinas, en el corregimiento de Filo Gringo, donde un artefacto explosivo lanzado desde un dron impactó en la zona, dejando como víctima fatal a Wilder Arévalo, quien falleció mientras era trasladado a un centro asistencial en el municipio de Ocaña. En el mismo hecho resultó herida Mildred Argote Jiménez, quien permanece bajo atención médica.

Según relató el funcionario, la atención de la emergencia estuvo marcada por dificultades logísticas, ya que fueron los propios habitantes quienes inicialmente auxiliaron a los afectados y facilitaron su traslado, lo que pone en evidencia la limitada capacidad de respuesta inmediata en zonas rurales afectadas por el conflicto.

Figueroa advirtió que estos ataques no son hechos aislados, sino parte de una dinámica constante en el territorio, donde el uso de drones con explosivos se ha convertido en una herramienta recurrente por parte de grupos armados ilegales. “Los drones se volvieron costumbre y los ataques son el pan de cada día”, expresó, al referirse a la normalización de la violencia en la región.

El personero también alertó sobre el impacto humanitario que estos hechos están generando, con múltiples casos de desplazamiento forzado, viviendas afectadas y civiles heridos o fallecidos en medio de acciones armadas que se desarrollan en zonas habitadas.

Organismos como la Asociación de Personeros del Catatumbo han advertido sobre el aumento del uso de este tipo de tecnología en el conflicto armado, señalando que representa una amenaza creciente para la población civil y exige medidas urgentes por parte del Estado para su control.

La región del Catatumbo, históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales, enfrenta actualmente una intensificación del conflicto, donde nuevas formas de ataque, como el uso de drones, están cambiando la dinámica de la violencia y aumentando los riesgos para las comunidades.

Mientras tanto, las autoridades locales insisten en la necesidad de una intervención integral que combine acciones de seguridad, presencia institucional y atención humanitaria, en un territorio donde la población continúa expuesta a hechos violentos sin una respuesta contundente por parte del Estado.

El caso de El Tarra vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer la protección de los civiles en zonas de conflicto, en medio de un escenario donde la violencia evoluciona y las comunidades siguen siendo las principales víctimas.