Una nueva alerta sobre la situación de orden público en el suroccidente del país encendió las alarmas en Colombia, luego de que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, denunciara la presencia de disidencias armadas en instituciones educativas de la región del Naya, entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

De acuerdo con el reporte, integrantes de estos grupos ilegales habrían ingresado a colegios rurales con el argumento de entregar útiles escolares a niños y jóvenes, una acción que, según la organización, no corresponde a una ayuda social sino a una estrategia de control territorial e influencia sobre la población más vulnerable.

El director de Indepaz, Leonardo González, fue enfático al señalar que este tipo de hechos representa una grave vulneración de los derechos de los menores, al advertir que ningún actor armado puede tener contacto directo con niños, niñas y adolescentes dentro de espacios educativos. Además, explicó que estas acciones podrían estar orientadas a generar presión social y facilitar dinámicas de reclutamiento en la zona.

Las denuncias también indican que, junto con la entrega de materiales escolares, se habría distribuido propaganda alusiva a estas estructuras, lo que incrementa la preocupación de las comunidades y autoridades por el riesgo de instrumentalización de los estudiantes.

La región del Naya ha sido históricamente un territorio afectado por la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las antiguas FARC, organizaciones que buscan mantener control sobre economías ilícitas y corredores estratégicos en zonas rurales del país.

Este nuevo episodio revive el debate sobre la protección de los entornos escolares en medio del conflicto armado y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en estos territorios. Organizaciones sociales han insistido en que las instituciones educativas deben ser espacios seguros, libres de cualquier tipo de injerencia de actores armados.

Frente a esta situación, Indepaz hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para garantizar la seguridad de las comunidades educativas, evitar el contacto de los menores con grupos ilegales y reforzar las medidas de prevención ante posibles casos de reclutamiento.

El caso del Naya se suma a una serie de alertas que evidencian los riesgos que enfrentan los niños y jóvenes en zonas donde persiste la presencia de estructuras armadas, lo que plantea un desafío significativo para la protección de los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia.