México atraviesa un nuevo episodio de tensión en materia de seguridad luego de que el Gobierno ordenara el despliegue de aproximadamente 10.000 militares para contener la ola de violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados del país. Las autoridades decidieron reforzar la presencia de tropas principalmente en el estado de Jalisco, epicentro de los enfrentamientos que se registraron después del operativo militar que puso fin a la vida del líder criminal.

El despliegue se produjo en respuesta a una reacción violenta atribuida a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que incluyó bloqueos en carreteras, incendios de vehículos y ataques contra instalaciones comerciales y bancarias en diversas regiones. Según reportes oficiales, los disturbios se extendieron a múltiples estados, evidenciando el alcance territorial del grupo y la complejidad del panorama de seguridad tras la caída de su principal figura.

Las cifras preliminares entregadas por las autoridades reflejan la gravedad de los enfrentamientos. Durante las operaciones y las jornadas posteriores se registraron decenas de víctimas mortales, entre ellas agentes de seguridad, presuntos miembros de organizaciones criminales y al menos un civil, lo que llevó al Gobierno a intensificar las acciones de control para proteger a la población.

Mientras el Ejecutivo insiste en que la situación avanza hacia la normalidad, habitantes de ciudades como Guadalajara han expresado preocupación ante la posibilidad de nuevos hechos violentos y eventuales problemas de abastecimiento. Comercios cerrados, calles con baja circulación y suspensión de clases en algunos estados reflejan el impacto social de los acontecimientos y el clima de incertidumbre que se vive en varias regiones del país.

El operativo que permitió ubicar al líder criminal se habría logrado gracias a labores de inteligencia coordinadas con agencias internacionales, aunque el Gobierno mexicano ha insistido en que la intervención fue ejecutada exclusivamente por fuerzas nacionales. Analistas en seguridad advierten que la desaparición de una figura de alto nivel dentro del narcotráfico podría desencadenar disputas internas por el control del cartel y reconfigurar el mapa criminal, aumentando el riesgo de nuevas confrontaciones en el corto plazo.

Con el despliegue militar y las acciones coordinadas entre instituciones, las autoridades buscan restablecer el orden y evitar que la violencia escale aún más. Sin embargo, el escenario sigue en evolución y la atención permanece centrada en las decisiones estratégicas que adoptará el Gobierno para contener las consecuencias del vacío de poder que deja la caída de uno de los líderes más influyentes del narcotráfico en México