El Gobierno venezolano dio a conocer una iniciativa de alto impacto político y social con la presentación de un proyecto de amnistía general orientado a beneficiar a personas detenidas por razones políticas desde finales del siglo pasado hasta la actualidad. La propuesta fue anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y se enmarca en un escenario de reconfiguración institucional y búsqueda de estabilidad tras recientes cambios en la dinámica política del país.

El anuncio se realizó durante un acto oficial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, donde Rodríguez informó que el proyecto será remitido con carácter prioritario a la Asamblea Nacional para su análisis y eventual aprobación. Según explicó, el objetivo central de la iniciativa es cerrar ciclos de confrontación, propiciar el reencuentro entre sectores enfrentados y avanzar hacia una etapa de reconciliación nacional.

La amnistía está dirigida a ciudadanos privados de la libertad por causas asociadas a su participación política, entre ellos dirigentes opositores, activistas sociales, comunicadores y defensores de derechos humanos. El alcance de la medida excluye expresamente a quienes estén procesados o condenados por delitos considerados graves, como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con lo señalado por voceros oficiales.

El planteamiento se produce en un contexto en el que organizaciones independientes han documentado la existencia de cientos de personas detenidas por motivos políticos, mientras que el Ejecutivo ha reconocido liberaciones parciales en el marco de medidas humanitarias recientes. Aunque las cifras difieren entre las fuentes oficiales y los reportes de la sociedad civil, el anuncio ha sido interpretado como un gesto que podría aliviar la situación judicial de numerosos reclusos.

De manera paralela, el Gobierno anunció su intención de transformar El Helicoide, emblemático centro de detención que durante años funcionó como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en un espacio comunitario con fines sociales, deportivos y culturales. Este lugar ha sido señalado reiteradamente por organismos internacionales como símbolo de prácticas represivas y condiciones de detención cuestionadas, por lo que su reconversión busca enviar un mensaje de cambio en la política penitenciaria y de derechos humanos.

Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar. Para familiares de detenidos y organizaciones sociales, la propuesta abre una posibilidad de alivio y reencuentro tras años de incertidumbre. No obstante, distintos sectores han advertido que el debate legislativo deberá ser amplio y transparente, con participación de la sociedad civil, para garantizar que la amnistía no solo signifique liberaciones, sino también verdad, reparación y garantías de no repetición.

El futuro de la iniciativa dependerá ahora del trámite que surta en la Asamblea Nacional, donde se definirá el alcance real de la amnistía y los criterios de aplicación. Las decisiones que se adopten en las próximas semanas marcarán un punto clave para la situación de los presos políticos y para el rumbo institucional de Venezuela en esta nueva etapa.