Un nuevo capítulo de tensiones internas sacude al Gobierno nacional tras las declaraciones del exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien aseguró que la designación de interventores en varias EPS se realizó bajo instrucciones que, según le indicaron, contaban con aval directo de la Presidencia de la República.

El pronunciamiento se da en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud, luego de las intervenciones ordenadas por el Gobierno y de los señalamientos sobre presuntos desvíos de recursos públicos. En este contexto, el nombre de Leal volvió al centro del debate tras recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sostuvo que nunca autorizó la entrega de hojas de vida para esos cargos y que estas habrían sido presentadas en su nombre de manera irregular.

El mandatario señaló públicamente que se le advirtió al entonces superintendente que no debía aceptar intermediaciones políticas en la selección de interventores y afirmó que se utilizó indebidamente el nombre de Laura Sarabia para legitimar esos nombramientos. Estas afirmaciones derivaron en una reacción inmediata de Sarabia, hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, quien solicitó formalmente a la Fiscalía que el jefe de Estado rinda una declaración jurada dentro de la investigación en curso.

En paralelo, Leal ofreció su versión de los hechos y aseguró que las hojas de vida de los interventores le fueron entregadas por Jaime Ramírez Cobo, quien, según su relato, se presentó como enlace entre la Presidencia y el Congreso. De acuerdo con el exfuncionario, Ramírez Cobo afirmó que existía una orden firmada por el presidente y que los perfiles ya habían sido revisados por Sarabia, lo que habría dado vía libre a los nombramientos.

Leal sostuvo que actuó conforme a esa información y dentro de los procedimientos legales establecidos. Aseguró que, desde la Superintendencia, se verificaron los requisitos exigidos por la normativa vigente y que todos los interventores designados cumplían con las condiciones legales para asumir los cargos.

El exsuperintendente explicó que, antes de los nombramientos, se revisaron antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, y afirmó que no se designó a personas con cuestionamientos previos. En ese sentido, señaló que cualquier conducta irregular atribuida a algunos interventores habría ocurrido durante el ejercicio de sus funciones y no en la fase de selección.

Las declaraciones de Leal abren un nuevo frente de controversia en el Gobierno, al poner en discusión la cadena de decisiones alrededor de las intervenciones al sistema de salud y el papel que habrían jugado altos funcionarios de la Casa de Nariño. Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, crece la presión para que se esclarezca quién dio las órdenes, bajo qué criterios se realizaron los nombramientos y si existió o no una utilización indebida del nombre de la Presidencia en uno de los procesos más sensibles del sector salud en los últimos años.