El presidente Gustavo Petro convocó para este lunes 19 de enero, a las 4:00 de la tarde, una reunión de alto nivel en la Sala de Estrategia de la Casa de Nariño, luego de la denuncia del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de espionaje ilegal mediante el software Pegasus.

De acuerdo con información conocida, al encuentro fueron citados la Cúpula Militar, los ministros de Defensa y Justicia, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el alto comisionado para la Paz, así como otras autoridades del Gobierno Nacional. El objetivo de la reunión es esclarecer las versiones y señalamientos cruzados relacionados con el presunto uso de este programa de espionaje dentro de entidades estatales.

La denuncia, señala que el teléfono celular del ahora ministro de Justicia habría sido infectado con el software Pegasus cuando Idárraga se desempeñaba como secretario de Transparencia. Según el informe forense realizado por una compañía internacional especializada, el dispositivo fue intervenido el viernes 1 de noviembre de 2025 a las 2:32 de la tarde.

Los peritos establecieron que, desde ese momento, el micrófono del teléfono fue activado de manera remota en 134 ocasiones, lo que habría permitido a terceros escuchar y grabar conversaciones y reuniones del alto funcionario en tiempo real.

Idárraga afirmó que las presuntas interceptaciones se habrían originado desde el Ministerio de Defensa, versión que ha generado una fuerte controversia dentro del propio Gobierno. En el centro de la denuncia aparece el nombre del sargento Darwin Ramírez, integrante del esquema de seguridad del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Frente a estos señalamientos, el Ministerio de Defensa negó cualquier participación en actividades de inteligencia ilegal y aclaró, mediante un comunicado, que el sargento Ramírez no cumple funciones relacionadas con misiones de inteligencia o contrainteligencia. Según la cartera, desde hace más de tres años el uniformado hace parte del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa, con tareas limitadas a la protección de personas en riesgo por razón de su cargo.

El caso ha generado preocupación por la posible existencia de interceptaciones ilegales al interior del Estado y por el uso de herramientas de espionaje de alto nivel contra funcionarios del propio Gobierno. La reunión convocada por el presidente Petro busca establecer responsabilidades, aclarar los hechos y definir las acciones a seguir ante un escándalo que podría tener profundas implicaciones políticas y judiciales.