La región del Catatumbo, en Norte de Santander, volvió a ser escenario de una grave escalada de violencia que deja en evidencia la persistencia del conflicto armado. Un soldado del Ejército Nacional perdió la vida y otros cuatro uniformados resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos atribuido al Ejército de Liberación Nacional en zona rural del municipio de Tibú, mientras se desarrollaban operaciones de control territorial.

La víctima fatal fue identificada como el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, natural de Palmira, Valle del Cauca. El hecho se registró cuando la unidad militar adelantaba labores de seguridad en un corredor estratégico del Catatumbo, una subregión que completa un año sumida en una profunda crisis humanitaria.

Tras el ataque, el Ejército Nacional rechazó de manera categórica el uso de drones con explosivos, una modalidad que, según la institución, constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario y representa un riesgo directo para la población civil. En el mismo episodio resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados profesionales, quienes fueron evacuados vía aérea a un centro médico en Cúcuta, donde reciben atención especializada. La Fuerza Pública informó además que se activó un acompañamiento psicosocial y jurídico para la familia del militar fallecido, mientras continúan las operaciones para dar con los responsables.

La situación de orden público se agravó con nuevos combates entre el ELN y las disidencias de las FARC en el sector de Filogringo, en jurisdicción del municipio de El Tarra. Habitantes de la zona reportaron enfrentamientos prolongados, uso de ráfagas de fusil y drones, lo que generó temor generalizado, confinamientos temporales y restricciones a la movilidad de las comunidades rurales.

En medio de este panorama, la Defensoría del Pueblo alertó que la confrontación armada no muestra señales de disminución. Durante una visita a Tibú, la defensora Iris Marín presentó un informe que advierte sobre la persistencia de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y el fortalecimiento de economías ilegales ligadas al narcotráfico. Según la entidad, la débil presencia institucional en amplias zonas rurales sigue siendo un factor determinante en la prolongación del conflicto.

El Catatumbo cumple un año marcado por el miedo y la incertidumbre, con comunidades atrapadas entre grupos armados que se disputan el control del territorio. Organizaciones sociales y líderes locales insisten en que la respuesta del Estado debe ir más allá del componente militar e incluir soluciones estructurales que garanticen protección efectiva, inversión social y alternativas económicas legales.

Mientras avanzan los operativos de la Fuerza Pública, el llamado de los organismos de derechos humanos es urgente: proteger a la población civil y evitar que nuevas formas de guerra, como los ataques con drones, sigan cobrando vidas en una región donde la paz aún parece lejana.