El Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda presentada contra el decreto 1469, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para el año 2026 con un incremento del 23%. El recurso jurídico pone en duda la legalidad del acto administrativo firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y abre la puerta a una eventual suspensión de sus efectos mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la decisión del alto tribunal, el análisis formal de la demanda quedó en manos del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, quien deberá evaluar si el decreto cumple con los parámetros constitucionales y legales que rigen la fijación anual del salario mínimo en Colombia.

La acción judicial cuestiona, principalmente, la metodología utilizada por el Ejecutivo para determinar el porcentaje de aumento. Según el demandante, el Gobierno no habría sustentado de manera suficiente la decisión, incurriendo en lo que califica como una “falsa motivación y desviación de poder”, al no detallar con claridad los criterios económicos que respaldaron el incremento.

Entre los argumentos expuestos se señala que el decreto se habría apoyado en estimaciones externas, particularmente en un cálculo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario vital en Colombia, dejando de lado los indicadores establecidos por la ley, como la inflación, la meta inflacionaria, la productividad laboral, la participación de los salarios en el ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

La demanda también advierte que el Ejecutivo habría sustituido el esquema legal vigente por una política de cierre de brecha salarial que no fue definida ni autorizada por el Congreso de la República. En ese sentido, se sostiene que el aumento no se determinó a partir de los parámetros tradicionales que han guiado históricamente la negociación del salario mínimo en el país.

Asimismo, el recurso legal señala que durante décadas el ajuste del salario mínimo ha sido el resultado de procesos de concertación entre empresarios, trabajadores y el Gobierno, un mecanismo que, según el demandante, no se habría respetado en esta ocasión.

El texto judicial recoge además que, en su alocución pública, el presidente Petro fundamentó la decisión casi exclusivamente en la existencia de una inequidad salarial histórica, sin hacer énfasis en variables macroeconómicas clave. Para los demandantes, un incremento del 23% basado en criterios sociales y no productivos podría generar impactos negativos en el empleo, la sostenibilidad empresarial y el equilibrio económico.

Según información conocida, en los próximos días podrían presentarse nuevas acciones jurídicas ante las autoridades competentes, con el objetivo de frenar la aplicación del decreto mientras se resuelve de fondo su legalidad.