Con el regreso de la actividad judicial tras la vacancia de fin de año, la Corte Constitucional definió mediante sorteo que el magistrado Carlos Camargo Assis será el encargado de estudiar el decreto con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio colombiano a finales de 2025. La decisión marca el inicio formal del control constitucional sobre una de las medidas más relevantes adoptadas por el Ejecutivo en el cierre del año anterior.

En su calidad de magistrado ponente, Camargo deberá evaluar si se cumplen los requisitos jurídicos y constitucionales para mantener vigente el decreto mientras la Corte adopta una decisión definitiva. Dentro de sus primeras tareas está analizar la posibilidad de una suspensión provisional de la norma, en caso de que se considere que no se ajusta de manera estricta a los parámetros establecidos en la Constitución.

El estudio recaerá específicamente sobre el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social. La Corte destacó la relevancia del tema y la necesidad de un análisis riguroso, oportuno y técnico, debido al impacto que esta decisión tiene sobre la política fiscal, el gasto público y la garantía de derechos fundamentales.

El Ejecutivo sustentó la declaratoria de emergencia como una respuesta a la crisis fiscal generada, entre otros factores, por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Con esta figura excepcional, el Gobierno busca recaudar cerca de 16 billones de pesos para enfrentar el déficit presupuestal y atender compromisos financieros urgentes del Estado.

Según el argumento oficial, la situación fue catalogada como grave e inminente, al considerar que existen riesgos para la prestación de servicios públicos esenciales y el cumplimiento de obligaciones legales. Entre las causas expuestas se encuentran el pago de la Unidad de Pago por Capitación en salud, las alteraciones del orden público, el aumento de riesgos para líderes sociales, los efectos de la ola invernal, sentencias judiciales pendientes por más de 1,5 billones de pesos, obligaciones contractuales atrasadas, deudas con víctimas del conflicto armado y restricciones en el endeudamiento público.

De manera paralela, la Corte Constitucional también definió el magistrado que estudiará un segundo decreto relacionado con esta emergencia. Se trata del decreto legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que establece medidas tributarias para financiar los gastos derivados del estado de excepción. Para este análisis fue designado el magistrado Juan Carlos Cortés González, quien deberá presentar la ponencia correspondiente ante la Sala Plena.

Con estas asignaciones, el alto tribunal inicia el examen de constitucionalidad de las decisiones adoptadas por el Gobierno, un proceso clave para determinar si las medidas excepcionales cumplen con los límites y condiciones que impone la Carta Política.