El proceso penal que involucra a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla entró en una pausa obligada debido a la vacancia judicial de fin de año, por lo que cualquier decisión sobre la apelación presentada por sus defensas solo se retomará a partir de enero de 2026.

Así fue notificado a los abogados de ambos exfuncionarios, luego de que se confirmara que el recurso será repartido a una sala penal del Tribunal Superior de Bogotá únicamente cuando se reanuden las actividades judiciales, el próximo 13 de enero. La constancia fue firmada por el secretario de la Sala Penal, Javier Fernando Suancha, y señala que durante el receso no existe una sala colegiada disponible para conocer la apelación.

El documento precisa que el magistrado en turno cumple funciones de control de garantías de manera unipersonal, lo que impide avanzar en el estudio del recurso interpuesto contra la medida de aseguramiento que ordenó el envío de los exministros a un centro de reclusión mientras continúa el proceso.

Velasco y Bonilla fueron privados de la libertad la semana pasada en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, caso en el que también se indagan presuntas irregularidades relacionadas con contratos del Invías. Según la Fiscalía, los exfuncionarios habrían participado en un esquema para desviar recursos públicos con el fin de asegurar apoyos políticos en el Congreso.

Tras la decisión judicial, se estableció que Bonilla permanecerá recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, CESPO, en Bogotá, mientras que Velasco quedó bajo custodia en la Escuela de Carabineros de Cali, al menos de manera inicial.

La defensa de Bonilla anunció que insistirá en la revocatoria de la detención preventiva, argumentando que no existía urgencia para imponer la medida y que el exministro no representa un peligro para la sociedad ni un riesgo de obstrucción a la justicia. Durante la audiencia, los abogados presentaron una cronología con la que buscaron demostrar que Bonilla actuó de forma diligente desde que se conocieron los primeros señalamientos en su contra.

De acuerdo con esa línea de tiempo, el exministro entregó pruebas a la Fiscalía en julio de 2024 y solicitó ser escuchado en varias ocasiones. Posteriormente, tras la divulgación de declaraciones clave dentro del proceso, presentó su renuncia al Ministerio de Hacienda y reiteró su disposición de colaborar con la investigación en marzo de 2025.

A estos argumentos se suma el estado de salud del exfuncionario, quien recientemente sufrió un episodio de isquemia cerebral. La defensa ha insistido en que esta condición, sumada a su edad de 76 años, debe ser tenida en cuenta por las autoridades judiciales cuando se analice la legalidad y necesidad de la medida de aseguramiento, decisión que ahora quedará en manos del Tribunal una vez se levante la vacancia judicial.