El equipo jurídico del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, radicó ante la Fiscalía General de la Nación un paquete probatorio con 76 folios que detallan los movimientos financieros relacionados con la compra del lujoso apartamento ubicado en el barrio El Chicó de Bogotá, avaluado en 1.800 millones de pesos.

El abogado defensor, Juan David León, aseguró que el dossier incluye documentos, extractos bancarios, cheques, contratos y certificaciones que demuestran que la adquisición del inmueble fue realizada “de manera transparente, lícita y con recursos propios”, sin ningún vínculo con dineros de la estatal petrolera.

“El apartamento 901 fue adquirido por el ingeniero Ricardo Roa de manera legítima, pagado en su totalidad y respaldado por créditos bancarios perfectamente trazables dentro del sistema financiero colombiano”, afirmó León.

El paquete probatorio fue presentado ante la Dirección Especializada contra la Corrupción tanto en formato físico como digital, con el propósito de desvirtuar los señalamientos de presuntas irregularidades en la compra.

Según el abogado, la documentación evidencia los pasos financieros que siguió su cliente: “Se detalla con claridad cada cheque girado, los extractos de cuentas, los contratos de préstamo y las certificaciones emitidas por las entidades financieras que respaldan la transacción. Todo está soportado con trazabilidad bancaria verificable”.

El proceso se desarrolla luego de que la Fiscalía realizara, el pasado 29 de septiembre, inspecciones en las oficinas del coronel (r) Juan Guillermo Mancera, quien estaría vinculado a la operación de compra. Las diligencias se practicaron en Bogotá e Ibagué bajo la coordinación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tras las revelaciones del periodista Daniel Coronell, quien señaló que Mancera habría efectuado los pagos del inmueble en nombre de Roa.

La controversia se desató después de que Coronell publicara documentos que muestran movimientos financieros posteriores a la fecha en la que el apartamento fue traspasado a Ricardo Roa, el 7 de diciembre de 2022, según escritura de la Notaría 34 de Bogotá.

El inmueble pertenecía a la empresa Princeton International, controlada por el empresario Serafino Iácono, quien aseguró que vendió el bien al coronel Mancera “meses antes del Gobierno Petro”. No obstante, documentos en poder de la Fiscalía indicarían que los pagos se extendieron hasta febrero de 2024, cuando el inmueble ya estaba a nombre de Roa.

Ante esta información, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Mientras avanza la indagación, la defensa de Ricardo Roa insiste en que toda la operación está sustentada legalmente y que “no existe ninguna irregularidad ni vínculo con recursos públicos o actividades ilícitas”.