El proceso judicial contra el representante a la Cámara por el Atlántico, Modesto Aguilera Vides, avanza hacia su etapa final luego de que la Procuraduría General de la Nación pidiera a la Corte Suprema de Justicia emitir una condena en su contra por el delito de acto sexual violento. El Ministerio Público considera que existen pruebas sólidas y testimonios consistentes que sustentan la acusación.

El caso se remonta a diciembre de 2020, cuando Guisella del Carmen Mejía Viana denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte del congresista en un hotel de Barranquilla. La denuncia, revelada en 2023 por Noticias Caracol, generó un fuerte impacto político debido a la cercanía de Aguilera con la casa Char y su papel dentro del partido Cambio Radical.

Según el relato de la víctima, su primo, Jonatan Torregrosa, la habría llevado a una supuesta reunión política en el Hotel Vallclaire. Sin embargo, al llegar al lugar, fue conducida a una habitación donde quedó sola con el político. Allí, Aguilera la habría sujetado por los hombros, besado a la fuerza y tocado indebidamente antes de masturbarse frente a ella. “Le pedí que me respetara, pero él me tomó del cuello y siguió. Tenía miedo, sabía que era un hombre poderoso y temí por mi vida”, declaró la denunciante ante el tribunal.

Durante la audiencia, el delegado del Ministerio Público, Henry Bustos, respaldó el testimonio de la víctima, calificándolo de “creíble, coherente y sustentado con evidencia”. Señaló que las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría permiten concluir que existió una agresión sexual.

El abogado de la víctima, Frederickt Barros, pidió a la Corte una condena ejemplar, destacando la valentía de su defendida. Además, denunció presuntos intentos de manipulación del proceso, como la contratación de un investigador privado que habría intentado interceptar las comunicaciones de Guisella.

Por su parte, el congresista Modesto Aguilera se declaró inocente y aseguró que es víctima de un complot político. “Esto es una persecución de mis enemigos, quieren quitarme la curul y manchar mi nombre”, sostuvo durante la diligencia. Su defensa presentó como argumento una certificación del Hotel Vallclaire según la cual no existen registros de ingreso del parlamentario ni de la víctima la noche del presunto ataque.

Sin embargo, el Ministerio Público y la parte civil señalaron que la falta de registro no desvirtúa la acusación, pues la denuncia se sustenta en pruebas testimoniales y otros elementos que vinculan al congresista con los hechos.

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Juzgamiento, estudia actualmente el expediente y podría emitir un fallo en las próximas semanas. De ser hallado culpable, Aguilera enfrentaría una condena por acto sexual violento, un delito que podría implicar la pérdida de su investidura y una pena de prisión.

El caso representa uno de los procesos más sensibles que enfrenta actualmente el Congreso colombiano, no solo por la gravedad de los hechos denunciados, sino también por el impacto que tendría en la responsabilidad penal y ética de los funcionarios públicos elegidos por voto popular.