Casi 11 años después de haber encabezado una protesta en el Ministerio del Interior para exigir la reglamentación de la Ley 70 de 1993, la vicepresidenta Francia Márquez regresó este 10 de octubre al mismo lugar para entregar oficialmente el proyecto de decreto que busca hacer realidad los derechos de las comunidades negras y afrocolombianas en Colombia.

La Ley 70, aprobada en 1993, desarrolla el artículo 55 de la Constitución de 1991, que reconoce los derechos de las comunidades negras sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, además de promover su desarrollo cultural, social y económico. Sin embargo, su reglamentación ha permanecido pendiente por más de tres décadas.

“La señora vicepresidenta se ha hecho presente para traer el proyecto de decreto para que haga una consulta previa dentro de las negritudes”, explicó el ministro del Interior, quien resaltó la importancia de que las comunidades participen activamente en este proceso.

Por su parte, Márquez destacó la trascendencia del momento y el largo camino recorrido por líderes y lideresas afrodescendientes que durante años han exigido el cumplimiento de esta ley. “Esto es algo histórico para nosotros. Como mujer negra y vicepresidenta, sé que este es un momento muy importante que culmina años de lucha de personas que incluso hoy ya no están porque perdieron la vida en este proceso de reconocimiento”, afirmó.

La vicepresidenta subrayó que el decreto, una vez finalizada la consulta previa, deberá ser firmado por el presidente Gustavo Petro, y marcará un avance significativo en la restitución de los derechos de las comunidades negras.

“Este es un sueño y un anhelo que fortalece la identidad y el desarrollo de nuestros pueblos. En cabeza del presidente, le estamos cumpliendo a las comunidades negras y avanzando en el restablecimiento de nuestros derechos. Es hora de que el Ministerio haga la consulta previa”, concluyó Márquez.

Con este paso, el Gobierno nacional da inicio a un proceso que busca saldar una deuda histórica con las comunidades afrocolombianas y garantizar su participación efectiva en las decisiones que afectan sus territorios.