La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre un panorama de riesgo electoral que podría afectar la libertad y la seguridad del proceso democrático en varias regiones del país. De acuerdo con el más reciente informe del Mapa de Riesgos Electorales, 649 municipios presentan algún nivel de amenaza, y 62 de ellos requieren atención inmediata por parte del Gobierno Nacional y las autoridades competentes.

La defensora del pueblo, Iris Marín, explicó que el objetivo del sistema de alertas tempranas es identificar las zonas más vulnerables para prevenir hechos de violencia, intimidación o violaciones a los derechos humanos durante el proceso electoral. “Este es un documento eminentemente preventivo. Busca evidenciar los lugares donde existen riesgos para actuar a tiempo y proteger la participación política”, señaló.

El monitoreo, que abarcó los 1.122 municipios del país, analizó variables como la presencia de grupos armados ilegales, antecedentes de amenazas, debilidad institucional y condiciones de vulnerabilidad social. Con base en estos criterios, la Defensoría clasificó los territorios en cinco niveles de riesgo: acción inmediata en 62 municipios, acción urgente en 162 y llamado prioritario en 425.

El informe incluye 20 recomendaciones dirigidas a las entidades del Estado, entre ellas el fortalecimiento del despliegue de la fuerza pública en las zonas críticas, la priorización de investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación y la vigilancia disciplinaria a funcionarios que omitan las acciones preventivas. También se formularon 10 recomendaciones al Ministerio del Interior para reforzar la seguridad electoral.

Marín advirtió que la falta de respuesta efectiva podría tener consecuencias graves, como amenazas, hostigamientos, homicidios o la renuncia de candidatos por falta de garantías. “Si no se actúa con urgencia, se restringirían las libertades democráticas. En cambio, si hay articulación institucional, podríamos reducir los riesgos antes de las elecciones”, afirmó.

La Defensoría emitió la alerta con seis meses de anticipación —el doble del tiempo habitual— para permitir una reacción temprana de las autoridades. Según el informe, las zonas más críticas se concentran en el suroccidente del país, especialmente en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, así como en sectores del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo. También se reportan focos de criminalidad urbana en Bogotá, Cali, Quibdó y el Valle de Aburrá.

Finalmente, la defensora del pueblo subrayó que el informe no busca generar alarma, sino promover acciones coordinadas que garanticen la transparencia y seguridad del proceso electoral. “Esta alerta es un llamado a la acción, no al fatalismo. Lo que está en juego es la confianza en la democracia y el derecho de los colombianos a votar libres de miedo”, concluyó Marín.