La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de dos miembros activos del Ejército Nacional y de una mujer que, haciéndose pasar como oficial, habría infiltrado el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro y accedido a información reservada de operaciones contra estructuras criminales de alto impacto.

Los señalados son el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado, identificada como la falsa capitán que logró ingresar al Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, adscrito al Batallón Guardia Presidencial, en al menos 36 ocasiones entre marzo de 2024 y abril de 2025.

De acuerdo con las investigaciones, con la ayuda de los uniformados, Salgado habría asistido a reuniones de inteligencia en las que se discutían allanamientos y operativos contra organizaciones criminales, incluido el Tren de Aragua. Además, habría asumido funciones exclusivas de oficiales, accediendo a información secreta y ultrasecreta sobre la seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales en curso.

Los tres capturados fueron detenidos en un operativo simultáneo en un inmueble de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 de Bogotá. La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías e imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal, de acuerdo con su presunta participación en los hechos investigados.

Según el ente acusador, el mayor Jiménez habría permitido la entrada y participación de la falsa capitán en operaciones tácticas y de inteligencia, mientras que el sargento segundo Padilla Villanueva facilitaba su interacción con la tropa y el acceso a actividades de entrenamiento y uso de equipos de comunicación y drones, sin los debidos protocolos de seguridad.

De esta forma, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia terminaron en manos de una persona sin autorización, comprometiendo la reserva y la seguridad de operaciones estratégicas.

La Fiscalía indicó que continuará con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer la magnitud de esta infiltración y determinar si existieron más uniformados involucrados. La investigación busca garantizar la protección de la información crítica y reforzar los protocolos de seguridad presidencial.