La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por la crítica situación que enfrentan comunidades rurales del municipio de La Plata, Huila, donde las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco estarían usando a la población civil como escudo para impedir el ingreso del Ejército Nacional.

Iris Marín, defensora del Pueblo, denunció que los líderes sociales del municipio fueron citados por este grupo armado ilegal para exigir, junto con la comunidad, la salida de las tropas. Bajo amenazas de dinamitar las vías de varios corregimientos, la población se vio obligada a permanecer durante toda la noche sobre las carreteras, cumpliendo órdenes del grupo armado. Ante este panorama y para evitar enfrentamientos con civiles, la Fuerza Pública se retiró de la zona.

La situación genera un alto riesgo de desabastecimiento de alimentos, bienes y servicios, así como la vulneración de derechos económicos y sociales. Se estima que más de 16.000 personas del centro poblado podrían verse forzadas a un desplazamiento masivo, aunque las disidencias también les han prohibido salir para que actúen como barrera contra el ingreso del Ejército, especialmente en el centro poblado El Belén y en la cabecera municipal de La Plata.

“La población civil debe quedar por fuera del conflicto armado. Exigimos al grupo armado no estatal cumplir irrestrictamente con el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario”, enfatizó Marín.

La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades nacionales y locales actuar de inmediato para proteger a los líderes sociales y a las comunidades sometidas a constreñimiento y fuertes presiones en la zona rural de La Plata. La entidad insistió en que estos ciudadanos no gozan de libertad para tomar decisiones ni para resistirse a las acciones del grupo armado, por lo que requieren medidas urgentes de protección sin generar estigmatización ni señalamientos adicionales.