La Procuraduría General de la Nación avanza en el proceso disciplinario relacionado con el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), luego de realizar una extensa inspección en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante tres días consecutivos de trabajo, el órgano de control revisó más de 600 correos electrónicos y obtuvo una declaración relevante de un funcionario de la embajada de Colombia en Nicaragua, cuyo testimonio será determinante en el esclarecimiento de los hechos.

El procedimiento, que se extendió por más de 20 horas, buscó establecer si desde la Cancillería se adelantaron trámites para facilitar la residencia de González en Managua. La investigación incluye correos intercambiados entre funcionarios y exfuncionarios de la embajada en Nicaragua y la sede diplomática en Bogotá, además de documentos como circulares, manuales de protocolos y registros de servicio. Entre los nombres que aparecen vinculados al expediente se encuentran excancilleres, viceministros y la actual canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, quien ya enfrenta un proceso disciplinario paralelo por las presuntas irregularidades en el contrato de los pasaportes.

El órgano de control señaló que asumió directamente la actuación que adelantaba la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar responsabilidades. La inspección se da luego de que la Sala de Instrucción Disciplinaria abriera indagación previa con el objetivo de precisar si existieron gestiones para que González obtuviera cédula de residencia y permiso de ingreso en Nicaragua.

La Procuraduría amplió el pasado 28 de agosto la investigación por el caso de los pasaportes, vinculando a seis funcionarios más tras evidenciar posibles fallas en la firma del convenio con la Imprenta Nacional. El ente de control insiste en que se habrían comprometido vigencias futuras excepcionales, lo que podría afectar al próximo gobierno.

Este proceso disciplinario se suma a la investigación penal que enfrenta González, imputado en mayo por supuestamente ordenar al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, entregar sobornos a congresistas a cambio de impulsar proyectos legislativos. Dentro de esos señalamientos figuran los nombres de los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido millonarias coimas.

Con las nuevas pruebas y testimonios, la Procuraduría busca determinar el alcance de las responsabilidades y esclarecer si hubo complicidad institucional para favorecer al exfuncionario en Nicaragua, en medio de uno de los escándalos más sonados de la actual administración.