El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso este miércoles 27 de agosto una sanción de siete años de privación de la libertad en centro de reclusión al menor de 15 años que disparó y asesinó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto tras permanecer dos meses en delicado estado de salud.

El hecho ocurrió el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en Bogotá, cuando el joven sicario atacó al político del partido Centro Democrático. El menor había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, dentro de la acusación formulada por la Fiscalía. Sin embargo, debido a que el proceso judicial ya había avanzado a la etapa de acusación por estos delitos, la ley no permitió adicionar el cargo de homicidio agravado tras la muerte del senador.

Este principio jurídico, conocido como congruencia estricta, tiene como finalidad garantizar los derechos procesales del menor, limitando la posibilidad de que se alteren los delitos imputados en medio del juicio.

La sanción fue impuesta en primera instancia, pero la defensa del adolescente apeló la decisión, lo que abre la posibilidad de que el caso sea revisado en segunda instancia por un tribunal superior.

El debate jurídico que rodea este caso ha despertado inquietudes entre la ciudadanía, principalmente por la sanción considerada leve frente a la gravedad de los hechos. Sin embargo, expertos en derecho penal recuerdan que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece penas más bajas que las aplicadas a los adultos, incluso en delitos graves.

El penalista Juan Felipe Criollo explicó que este sistema está orientado a la resocialización del infractor y no a la sanción ejemplarizante. En ese sentido, la pena máxima que podía imponerse al menor era de ocho años en un centro especializado, independientemente de la gravedad del crimen.

El caso continúa generando polémica en la opinión pública y mantiene abierta la discusión sobre los alcances del sistema judicial para menores en Colombia, especialmente en hechos que involucran delitos de alto impacto como el ocurrido contra Miguel Uribe Turbay.