La reciente aprobación por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para suspender la regla fiscal en Colombia durante los próximos tres años ha desatado una intensa discusión entre expertos en economía y finanzas públicas. La medida, sustentada por el Ministerio de Hacienda, busca liberar espacio fiscal para atender subsidios de energía, combustibles y compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, exministros advierten sobre los riesgos de relajar este marco de disciplina fiscal.

La regla fiscal, vigente desde 2011, establece límites claros al déficit fiscal y al endeudamiento del gobierno, en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Su objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y evitar desequilibrios macroeconómicos. Aunque contempla una cláusula de escape para situaciones excepcionales, como la pandemia del COVID-19, su uso en este momento ha sido cuestionado.

Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, la suspensión no tiene justificación técnica. “No estamos ante una emergencia extraordinaria. Esta es una decisión riesgosa que compromete la confianza del mercado en la responsabilidad fiscal del país”, afirmó. Restrepo sostiene que esta acción podría descontrolar el gasto público, incrementar el déficit fiscal y la deuda, afectar la tasa de cambio y generar presiones inflacionarias.

José Antonio Ocampo, también exministro de Hacienda, coincide en que la medida genera impactos negativos, especialmente en la percepción de los inversionistas y en el costo del endeudamiento. “Los títulos de deuda pública ya están reflejando un aumento en sus tasas. Esto significa que el Estado pagará más intereses, reduciendo su capacidad para invertir en sectores como salud, educación o infraestructura”, explicó.

Ambos expertos advierten sobre un riesgo adicional: la posibilidad de que Colombia pierda su línea de crédito flexible con el FMI, un respaldo clave desde 2009 que ha permitido enfrentar crisis económicas sin comprometer la independencia fiscal. “Perder esta herramienta sería un golpe duro a la credibilidad internacional del país”, añadió Ocampo.

Aunque el Gobierno insiste en que la suspensión de la regla es temporal y busca garantizar el cumplimiento de obligaciones sociales, los analistas coinciden en que debieron explorarse otras alternativas, como ajustes al gasto o una reforma tributaria más eficiente. También destacan que decisiones como esta requieren mayor consenso político y transparencia ante la ciudadanía.

En medio de este panorama, el debate queda abierto sobre cómo equilibrar la responsabilidad fiscal con las demandas sociales en un contexto económico complejo, y si esta flexibilización de la regla fiscal marcará un precedente peligroso o una solución necesaria en tiempos de urgencia.