A partir del 1.º de junio entrará en vigencia el Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se incrementan las autorretenciones especiales como mecanismo para mejorar el flujo de caja del Estado. La medida ha generado una fuerte preocupación en el sector empresarial, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que advierten sobre los impactos negativos que puede traer esta presión fiscal anticipada.

Desde ACOPI y el Observatorio Nacional de la MiPyme, su presidenta Rosmery Quintero Castro manifestó que este nuevo esquema de recaudo “lleva al límite” la obligación de anticipar el impuesto de renta, afectando directamente la liquidez de miles de empresas que deberán transferir recursos al Estado con cargo a ingresos que aún no se han generado.

Según el gremio, la situación se agrava en un contexto de incertidumbre económica, tasas de interés elevadas y reducción en las devoluciones de saldos a favor, las cuales disminuyeron un 23,41 % durante 2024 frente al año anterior. Esta situación, sumada al hecho de que el 42,9 % de las MiPymes reportaron caída en su rentabilidad, deja a muchas empresas en una posición crítica, sin capital suficiente para cumplir obligaciones laborales, pagos a proveedores y compromisos crediticios.

 

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Además, advierten que esta medida podría tener un efecto inflacionario, ya que los sectores más afectados son estratégicos, como el agropecuario y el comercio. También se cuestiona el destino de los 7,38 billones de pesos que el Gobierno espera recaudar: “Es fundamental que estos recursos no se usen con fines proselitistas, sino que realmente se destinen a resolver problemáticas estructurales como salud, seguridad, infraestructura y servicios públicos”, señala el boletín.

El panorama empresarial se muestra aún más frágil ante la posibilidad de que se apruebe una reforma laboral que incremente los costos para las MiPymes. En 2024 desaparecieron 279.740 empresas, de las cuales 277.597 fueron microempresas, lo que representa el 99,2 % del total.

ACOPI hace un llamado urgente a los entes de control y a la ciudadanía para exigir transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, y para proteger al sector productivo más vulnerable del país.