El Ministerio de Hacienda de Colombia ha dado su aval fiscal a la reforma al sistema de salud, permitiendo que el proyecto pase a su tercer debate en el Congreso. Según el concepto fiscal emitido por la cartera, los costos totales del sistema de salud, incluidos los cambios propuestos por la reforma, ascenderían a 100 billones de pesos para 2025.

En el documento, el Ministerio de Hacienda afirma que el impacto fiscal de la reforma puede ser absorbido de manera compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, garantizando la sostenibilidad tanto del Sistema General de Seguridad Social en Salud como de las finanzas públicas. Además, se confirma que las obligaciones corrientes del sector salud, acumuladas al cierre de 2024, serán cubiertas según las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en línea con la autonomía presupuestal prevista por la legislación.

De acuerdo con las proyecciones, el funcionamiento del sistema de salud para 2025, bajo la implementación de la reforma, costaría 100 billones de pesos. Estos costos incluyen la atención primaria en salud, las licencias de maternidad, la atención a migrantes y el saneamiento de las Entidades Sociales del Estado (ESE) que se transformarán en Instituciones de Salud Especializadas (ISE), entre otros aspectos.

En cuanto a los ingresos, se estima que en 2025 el sistema de salud recibirá 101 billones de pesos, provenientes de diversas fuentes.

La reforma también contempla la transformación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Gestoras de Salud y Vida, y la prestación de los servicios se realizará a través de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), bajo la coordinación de estas gestoras y las Entidades Territoriales. El primer nivel de atención estará compuesto por los equipos de salud territorial y los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), mientras que el segundo nivel se enfocará en instituciones de mediana y alta complejidad.

Con este paso, la reforma continúa avanzando en su trámite legislativo, generando un amplio debate sobre su impacto en el sistema de salud colombiano.