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Detectan conexiones eléctricas ilegales en reconocidos establecimientos de Soledad y otros municipios de la región Caribe

En un operativo conjunto con las autoridades locales, la empresa Air-e Intervenida llevó a cabo una serie de acciones de control en establecimientos comerciales del Atlántico, Magdalena y La Guajira para combatir el delito de defraudación de fluidos, es decir, el hurto de energía eléctrica mediante manipulaciones ilegales.

Uno de los casos más relevantes se presentó en el barrio Hipódromo de Soledad, donde fue intervenido el Asadero y Restaurante Carbón Soledeño. Según la empresa, se descubrió que la acometida principal del negocio estaba manipulada antes del medidor, lo que impedía que se registrara el consumo real del servicio. Esta práctica fraudulenta afecta tanto al sistema eléctrico como a los usuarios que cumplen con sus obligaciones legales.

Adicionalmente, se detectaron dos conexiones ilegales en otros sectores del municipio. Una salsamentaria en la carrera 8 con calle 39B, en el barrio El Campito, y un hotel ubicado en la calle 38 con carrera 36, en San Roque, tenían líneas directas por fuera del sistema de medición. En el barrio Por Fin también se identificó una anomalía en el equipo de medida de un gimnasio, sumando más casos preocupantes de alteración del servicio.

La ofensiva contra este delito no se detuvo en el Atlántico. En el municipio de Ciénaga, Magdalena, se inspeccionó un billar en el barrio La Victoria, donde se hallaron dos líneas directas conectadas ilegalmente. Asimismo, en Maicao, La Guajira, se encontró una derivación irregular de la acometida eléctrica en un hotel del barrio Centrama, diseñada para evadir el pago real del consumo de energía.

Frente a estos hechos, Air-e Intervenida reiteró su compromiso con la legalidad del servicio y recordó que el hurto de energía no solo es un delito, sino un atentado contra la seguridad eléctrica de las comunidades. “Las personas que manipulan las redes eléctricas para apropiarse del suministro de manera ilegal se exponen a penas de hasta seis años de prisión y multas que pueden alcanzar los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, precisó la empresa.

La compañía hizo un llamado a todos los usuarios para promover el uso legal y responsable del servicio, subrayando que estas prácticas afectan la calidad del suministro y elevan los riesgos de accidentes eléctricos. Las inspecciones continuarán en diferentes zonas de la región como parte de una estrategia integral de control y normalización del servicio.