El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció de forma contundente sobre los recientes ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, Norte de Santander. En sus declaraciones, aseguró que estos actos violentos reflejan una clara intención de obstaculizar los esfuerzos de paz, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz y a los líderes sociales que se encuentran en situación de riesgo.
Un panorama crítico en Catatumbo
Desde el pasado 16 de enero, el ELN intensificó sus acciones armadas en el Catatumbo, enfrentándose a disidencias de las FARC y poniendo en grave peligro a las comunidades locales. Esta escalada de violencia no solo afecta a la población civil, sino que también ha convertido a los firmantes del Acuerdo de Paz en objetivos directos de los ataques.
El Catatumbo, una región históricamente golpeada por el conflicto armado y con alta presencia de cultivos ilícitos, vive momentos de incertidumbre y miedo ante los enfrentamientos, que han forzado a muchas familias a desplazarse y a otras a permanecer confinadas en sus hogares.
Declaraciones del ministro de Defensa
Velásquez calificó las acciones del ELN como un atentado directo contra la paz y los derechos humanos. “Los recientes ataques del ELN demuestran que su voluntad es de muerte, no de diálogo ni de reconciliación. Es nuestro deber como Estado garantizar la protección de quienes han apostado por la paz y de los líderes sociales que trabajan incansablemente por sus comunidades”, afirmó el ministro.
Además, destacó que el Gobierno está desplegando estrategias para brindar mayor seguridad en las zonas afectadas. Entre estas medidas se encuentran el refuerzo de la presencia militar y policial, así como la activación de protocolos para proteger a las personas en riesgo.
El reto de proteger a los firmantes de paz
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, los excombatientes de las FARC han enfrentado constantes amenazas y ataques, especialmente en regiones con alta presencia de grupos armados. Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el riesgo al que se exponen quienes decidieron dejar las armas para reincorporarse a la vida civil.
El caso del Catatumbo es un ejemplo crítico de esta realidad, pues los firmantes de paz son perseguidos no solo por su pasado como combatientes, sino también por su labor como líderes comunitarios y promotores del desarrollo en la región.
El Gobierno insiste en la paz total
A pesar de las acciones del ELN, el Gobierno de Gustavo Petro sigue apostando por su política de “paz total”. Sin embargo, las tensiones en territorios como el Catatumbo ponen a prueba la viabilidad de este ambicioso proyecto.
El ministro Velásquez enfatizó que no habrá tregua en la lucha contra quienes insisten en mantener la violencia como camino. “Nuestro compromiso con la paz es inquebrantable, pero esto no significa permitir impunidad. Actuaremos con firmeza contra quienes ponen en peligro la estabilidad y la vida de los colombianos”, concluyó.
Mientras tanto, la comunidad del Catatumbo sigue esperando soluciones efectivas que garanticen su seguridad y permitan avanzar hacia una verdadera paz en la región.
