En el marco de esta investigación, la Fiscalía avanza en diversas diligencias judiciales, en colaboración con la Policía Nacional, tras realizar allanamientos el pasado martes 13 de agosto en dos inmuebles en los barrios El Cortijo y El Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
Durante estos allanamientos, las autoridades hallaron 68 cartuchos y dos proveedores para fusil 5.56, 16 paquetes de pólvora explosiva, un chaleco de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y una maqueta que, según se presume, representa el Palacio de Justicia. Estos elementos están siendo analizados por peritos técnicos como parte de la investigación para identificar el origen y los actores criminales detrás de este presunto complot.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, ha tomado medidas inmediatas al coordinar con el director de la Policía Nacional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia para reforzar los sistemas de seguridad en la sede de las altas cortes. Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, ha anunciado una reunión con el director de la Policía, el jefe de seguridad del Palacio de Justicia, el alcalde Carlos Fernando Galán, y los presidentes de las cortes para evaluar y fortalecer las medidas de seguridad en el Palacio de Justicia.
Asimismo, se ha ordenado reforzar la seguridad de los magistrados y las áreas circundantes al Palacio de Justicia mientras se avanza en las investigaciones. El presidente Gustavo Petro ha convocado a un consejo extraordinario de seguridad para abordar la situación, en el que participaron el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar. Como resultado, se decidió intensificar las medidas de seguridad no solo en Bogotá, sino también en otras regiones del país.
La Casa de Nariño ha confirmado que desde el primer momento en que se conoció la amenaza, el Gobierno, en estrecha colaboración con la Policía Nacional y el Ejército, ha trabajado para asegurar la protección del Palacio de Justicia y otras sedes del Poder Judicial. Estas acciones están siendo supervisadas por el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, y Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para garantizar la efectiva implementación de las medidas de seguridad.
