En esta audiencia, 74 militares comparecerán para reconocer su responsabilidad en los crímenes cometidos. Entre ellos, 28 máximos responsables imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad ya han aceptado su culpabilidad por escrito. Destacan los excomandantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, quienes detallarán cómo se ejecutaron homicidios como resultados operacionales legítimos en combates simulados en Huila.

La JEP investigará 108 hechos ocurridos entre 2005 y 2008, donde se perpetraron 200 asesinatos, incluyendo 32 casos de desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Los crímenes fueron cometidos por integrantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y de la Novena Brigada.

Sin embargo, algunos oficiales de alto rango, como los mayores generales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca y el coronel Fernando Moncayo Guancha, no han reconocido su responsabilidad. Estos casos serán trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que podría acusarlos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, enfrentando sanciones de hasta 20 años de cárcel.

Más de 140 víctimas acreditadas ante la JEP participarán en la audiencia, habiendo estado involucradas en el proceso judicial y restaurativo implementado por la JEP. Para preparar esta audiencia, la Secretaría Ejecutiva de la JEP ha realizado talleres con víctimas, comparecientes y encuentros privados entre ambos grupos, buscando un reconocimiento de responsabilidad más amplio y comprensivo, proporcionando respuestas detalladas a las demandas de verdad de las víctimas y ofreciendo una visión más clara de las graves violaciones de derechos humanos en Huila.