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Tensiones políticas resurgen tras hallazgos en La Escombrera vinculados a desapariciones forzadas

Nuevas investigaciones en La Escombrera, Medellín, por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), han reactivado un fuerte debate entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Los hallazgos, relacionados con desapariciones forzadas, han sacado a la luz críticas sobre la Operación Orión, ejecutada en 2002 durante el primer mandato de Uribe.

El presidente Petro, a través de la red social X, apuntó al exmandatario como responsable político de las consecuencias de la Operación Orión, que buscaba expulsar a las milicias guerrilleras de la Comuna 13 de Medellín. Petro sostuvo que esta operación permitió que grupos paramilitares asumieran el control de la zona, lo que habría derivado en el desplazamiento forzado de miles de familias y en más de 500 desapariciones. “La Operación Orión fue el peor crimen contra la humanidad en la historia reciente de las Américas, respaldado por aplausos ciudadanos y mediáticos”, afirmó.

En respuesta, Álvaro Uribe rechazó las acusaciones y arremetió contra la JEP, calificándola de ser una herramienta política parcializada. Según el exmandatario, esta jurisdicción especial fue impuesta por las FARC mediante un “golpe de Estado” que desconoció los resultados del plebiscito sobre los acuerdos de paz. Además, Uribe acusó a la JEP de respaldar indirectamente a grupos guerrilleros y de ignorar el contexto de violencia que predominaba en la Comuna 13 antes de su gobierno.

El líder del Centro Democrático defendió la intervención militar en la comuna y argumentó que la JEP tiene un sesgo político dirigido a desprestigiar a las Fuerzas Armadas y a su administración. “La entidad avala a los terroristas con su silencio y omite deliberadamente lo que ocurría en la zona antes de nuestra llegada al poder”, expresó Uribe.

La Operación Orión sigue siendo uno de los eventos más controvertidos en la historia reciente de Colombia. Si bien buscaba acabar con la influencia guerrillera en Medellín, sus consecuencias han sido objeto de denuncias por violaciones a los derechos humanos y la consolidación del poder paramilitar en la región.

Los hallazgos en La Escombrera, un lugar señalado como posible escenario de enterramientos clandestinos, reavivan las tensiones sobre el legado de esta operación y ponen de nuevo en el foco la necesidad de esclarecer los hechos, garantizar justicia y reparar a las víctimas del conflicto armado.

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