La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentó una serie de propuestas regulatorias tras realizar un análisis estructural al segmento de comercializadores puros de gas combustible por redes, con el objetivo de fortalecer la eficiencia del mercado y evitar impactos injustificados en la tarifa que pagan los usuarios.

El estudio, titulado “Análisis de Utilidades de Comercializadores Puros de Gas Combustible por Redes”, examinó la evolución financiera del sector entre 2020 y 2024, con corte a septiembre de 2025. La revisión incluyó la estructura de ingresos, costos y gastos, así como el comportamiento de la utilidad bruta y neta, la concentración del mercado y los principales indicadores de rentabilidad.

Según el informe, los ingresos por la actividad de comercialización alcanzaron $2,99 billones en 2023 y $3,23 billones en 2024. En cuanto a la utilidad neta, esta se ubicó en $174,7 mil millones en 2023 y en $122,8 mil millones en 2024. La entidad advirtió que, en el caso de los comercializadores puros —aquellos que compran y revenden gas en el mercado secundario sin atender usuarios finales—, estas dinámicas pueden incidir en el precio final del servicio cuando no existe un valor agregado operativo, logístico o de gestión de riesgo que respalde el margen.

La Superintendencia señaló que el análisis evidenció una alta concentración de ingresos en el segmento y una creciente práctica de compra y reventa sucesiva en el mercado secundario. Desde la perspectiva del usuario, cada eslabón adicional en la cadena de comercialización puede traducirse en costos acumulativos que afectan la eficiencia económica del servicio público domiciliario.

Aunque la actividad está regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Superservicios recordó que el principio de eficiencia económica es un mandato legal que debe cumplirse en toda la cadena, evitando ampliaciones injustificadas del precio final.

En ese sentido, la entidad anunció que realizará seguimiento específico a la trazabilidad del precio del gas desde el productor hasta el usuario final, al comportamiento del diferencial comercial y a la evaluación de las compras y reventas sucesivas para determinar si generan eficiencia o sobrecostos.

Con base en los hallazgos, la Superintendencia formuló propuestas orientadas a analizar mecanismos que eviten encadenamientos excesivos de intermediación sin justificación técnica, incentivar esquemas de contratación directa que reduzcan intermediarios innecesarios y reforzar el análisis bajo el principio de eficiencia económica.

Finalmente, la entidad advirtió que, de identificarse prácticas que comprometan la eficiencia del servicio o afecten la protección del usuario, adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de sus competencias legales, reiterando que la defensa de los derechos de los usuarios es el eje central de su labor de vigilancia y control.